Durante meses nos vendieron que la llamada «ley de nietos» —articulada tras la Ley de Memoria Democrática— era una elevadísima muestra de justicia poética e histórica. Se trataba, según el relato oficial, de reparar el dolor de los descendientes de quienes tuvieron que huir de la dictadura franquista por su ideología o su orientación sexual. La lírica era impecable. Sin embargo, ha bastado con que el Tribunal Supremo dicte una medida cautelar paralizando el derecho al voto de estos nuevos nacionalizados en el censo del exterior para que en la Moncloa le entre una tiritona repentina. La decisión judicial no les arrebata el pasaporte, ni los derechos civiles, ni la condición de ciudadanos de España. Les congela, simplemente y de forma temporal, la papeleta en la urna. Y ahí, justamente ahí, se ha caído el decorado.
El nerviosismo desencadenado en ministros como Félix Bolaños o Ángel Víctor Torres, exigiendo celeridad a la justicia, deja al descubierto la verdadera naturaleza del invento. Si a un ciudadano de Argentina o Cuba le otorgan la nacionalidad de España por esta vía y no llega a votar en las próximas elecciones generales, ¿se hunden las instituciones del Estado? ¿Fallece la memoria histórica? Objetivamente, no. Votará en las siguientes o en las posteriores. Pero en el calendario del PSOE no hay tiempo que perder: la contabilidad de la bancada dependía de ese alud de nuevas inscripciones para inclinar la balanza electoral.
Existe, además, un ejercicio de soberbia metodológica francamente cómico y que afecta a izquierda y derecha: ¿de dónde saca el PSOE —o el PP— la certeza de que el voto de un descendiente afincado en Venezuela o Cuba va a ir a la izquierda? Quien vive bajo las consecuencias de determinados regímenes en Hispanoamérica y busca con ahínco el pasaporte de un Estado europeo difícilmente vendrá con ganas de premiar políticas afines a aquello de lo que intenta marcar distancia. Pensar que regalar una nacionalidad garantiza un voto cautivo refleja una condescendencia electoral rozando la ingenuidad.
Pero la contradicción de fondo es aún mayor si se analiza desde el día a día de la provincia de Almería. En Almería residen miles de personas extranjeras que levantan cada mañana el invernadero, sostienen el comercio o construyen el territorio. Pagan el IBI, la tasa de basuras y el impuesto de vehículos en sus municipios; consumen los servicios públicos y aportan directamente a la riqueza del Estado. Que un extranjero residente aquí tenga derecho a decidir quién gestiona las calles de su ciudad, el transporte público, la limpieza, el mantenimiento de los colegios... es un principio de lógica democrática de primer orden. Lo imprevisible e insostenible es que un señor afincado en Buenos Aires, a quien España nunca le interesó, e que incluso sus abuelos prefirieron no regresar cuando la democracia retornó a España —cosa que otros sí hicieron en cuanto pudieron— y que jamás ha cotizado un céntimo aquí, decida desde la distancia la presidencia del Gobierno. Eso no tiene ningún sentido.
Nunca fue una deuda con el pasado. Siempre fue un cálculo con las urnas.
