El pasado domingo 15 de noviembre, en su segunda comparecencia en apenas una semana en la recién estrenada cadena La Séptima —tras haber pasado el lunes anterior por el espacio de Javier Ruiz—, Pedro Sánchez se sentó en el plató del magacín vespertino Fuera de control. Lo que allí ocurrió tuvo poco de interrogatorio periodístico y mucho de masaje con aceites esenciales. Entre confidencias sentimentales y elogios desmayados, la copresentadora Alba Carrillo, sentada junto a Marta Márquez, le soltó sin pestañear al recordar cómo conoció a Begoña Gómez: «Seguro que te lanzaste tú porque tú eras un chulazo». Una definición que la... bueno, la... en fin, la... bueno, Alba Carrillo dio por vigente hoy mismo y que, más allá del almíbar televisivo, sirve para retratar al milímetro la forma de gobernar del presidente del Ejecutivo.
Porque Pedro Sánchez encarna como nadie al chulazo de barra que entra pisando fuerte en el bar de copas, pega una palmada sobre el mostrador y proclama a voz en grito que estáis todos invitados. Se descorchan las botellas, corre el entusiasmo entre los parroquianos, el anfitrión sonríe para la foto y, justo antes de que el camarero asome con la bandeja de la cuenta, el espléndido caballero se esfuma por la puerta dejando que cada cliente pague su consumición. A doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Consejo de Ministros celebrado el martes se convirtió exactamente en eso: una barra libre de anuncios de última hora con cargo al bolsillo ajeno.
El primer brindis de la tarde fue la aprobación de una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 5,3% para 2027, hasta alcanzar los 1.286 euros mensuales en catorce pagas, o lo que es lo mismo, 18.004 euros brutos al año. El Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz y el ala socialista del Ejecutivo venden el decreto como si hubieran obrado el milagro de los panes y los peces. Sin embargo, conviene recordar un detalle elemental de contabilidad: de La Moncloa no sale un solo céntimo para abonar esas nóminas. Quienes pagan cada mes el salario son los empresarios, los mismos que en los invernaderos, los almacenes de manipulado, el comercio o la hostelería de la provincia de Almería hacen encaje de bolillos para cuadrar balances. Visto que ni al Gobierno ni a los sindicatos —que tampoco firman los talones de esas nóminas— les cuesta dinero decretar subidas en el Boletín Oficial del Estado, cabe hacerse una pregunta sencilla: ¿por qué quedarse en 1.286 euros y no fijarlo por decreto en 3.000 o en 4.000 euros al mes? Total, cuando la factura la abona otro, el papel lo aguanta todo.
La segunda ronda del Consejo de Ministros llegó de la mano del Real Decreto-ley 37/2026, presentado a bombo y platillo por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para elevar un 4,5% el sueldo de los empleados públicos en 2027, además de un 0,5% adicional y retroactivo en el primer trimestre. Otro gesto de generosidad desbordante con pólvora del rey. Pedro Sánchez tampoco saca su tarjeta personal para pagar ese incremento salarial a los funcionarios; lo sufragamos todos los ciudadanos del Estado con nuestros impuestos, a base de retenciones en el IRPF, IVA en la cesta de la compra y cotizaciones sociales. Si tan fácil e indoloro resulta repartir dinero público en plena recta final de campaña, uno no entiende por qué se ha quedado corto en el 4,5% y no les ha subido el sueldo un 10% o un 15%.
Y la tercera consumición en esta barra libre tiene acento directamente provincial. En esta campaña hacia las urnas del 29N volvemos a escuchar a los dirigentes del Partido Socialista en la provincia de Almería —con José María Martín a la cabeza— presumir de cada inversión que asoma por el horizonte como si Pedro Sánchez trajera los billetes en el bolsillo de su americana. Que si los 2,5 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Roquetas de Mar, que si hospital, que si las obras del AVE, que si centros de salud, que si promociones de vivienda... todo gracias a Pedro. Conviene bajar el suflé propagandístico y leer la letra pequeña de los carteles de obra: quien paga realmente esa fiesta es la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Son los ayuntamientos, la Diputación Provincial de Almería o la Junta de Andalucía quienes diseñan los proyectos, los licitan, los adjudican y los ejecutan con el dinero que llega desde Bruselas. El Gobierno del Estado se limita a ejercer de ventanilla intermediaria dando el visto bueno formal para que el expediente reciba financiación comunitaria.
El esquema es redondo y se repite sin pudor: Pedro Sánchez invita a subidas del salario mínimo que pagan los empresarios, invita a subidas de sueldo a los funcionarios que costeamos los contribuyentes con impuestos e invita a infraestructuras que financia la Unión Europea. Como en la escena de Alba Carrillo en La Séptima, el chulazo entra en el bar, pide una ronda para toda la sala, recoge los aplausos y se marcha antes de que llegue el camarero. La cuenta, como siempre, se queda encima de la mesa para que la paguemos los demás.