Las alcaldías deben ganarse en el recuento de las urnas y no en el reservado de un restaurante o en la confidencialidad de un despacho aislado. Si la voz de la democracia es el voto de todos y cada uno de los ciudadanos, no parece lógico seguir alterando o doblegando esa voz en cambalaches postelectorales en donde pesan más los intereses y las necesidades de los partidos políticos que los deseos expresados libremente por los ciudadanos. Por eso es de enorme trascendencia la reforma que está proponiendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el sentido de que sea alcalde quien gane las elecciones. Algo que en teoría es claro y evidente, pero que en la práctica no siempre se produce debido a pactos o acuerdos postelectorales que acaban otorgando el gobierno de las ciudades y pueblos a una coalición o grupo de partidos perdedores unidos por un único objetivo: impedir que el partido más votado por los ciudadanos gobierne. Y aunque hasta ahora ello haya sido completamente legal, también es cierto que ha propiciado numerosos gobiernos municipales marcados por la ineficacia, la ineptitud y el descontrol, cuando no por la corrupción galopante. Eso no quiere decir que todos los pactos deriven necesariamente en ese escenario, pero no es menos cierto que cuando se desbanca a un partido ganador para formar una coalición de perdedores, los resultados de su gestión raramente son buenos. Los andaluces tenemos un buen ejemplo de esto que digo con la actual configuración del gobierno de la Junta de Andalucía y, si queremos retroceder un poco más en el tiempo, aún tenemos memoria del desastroso paso de dos partidos perdedores en las municipales y coaligados en la gestión del Ayuntamiento de Almería. Yo creo que este tipo de medidas pueden suponer un empuje importante en el esfuerzo por regenerar la democracia que demandan los nuevos tiempos y necesidades de los ciudadanos. Necesitamos municipios gobernados con criterios de eficacia y no ayuntamientos en los que la gestión se adapta a las exigencias de grupos minoritarios que no han alcanzado el suficiente respaldo en las urnas. A nadie escapa que parece un contrasentido seguir empleando en 2014 una fórmula electoral diseñada hace 1978, cuando las necesidades eran otras y los ayuntamientos estaban pasando por primera vez por el tamiz de la democracia. Tampoco tiene demasiado sentido que sean precisamente los partidos que más alto y más fuerte reclaman una reforma a fondo del sistema, los que ahora se muestran reacios a una iniciativa por temor a que no puedan ser los despachos, las negociaciones, las comidas o las proposiciones de desbloqueo de temas sensibles los que acaben dando o quitando alcaldías.
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