El PP denuncia en el pleno municipal la falta de respuesta del Gobierno ante la crisis migratoria

En el Pleno Ordinario celebrado hoy por la Corporación Municipal dë la capital, se ha abordado la situación actual derivada de la llegada de inmigrantes a nuestro país. En su caso, también en forma de moción, se ha aprobado instar al Gobierno Central a iniciar políticas que den respuesta a los “movimientos migratorios que recibe nuestro país y que están produciendo situaciones de emergencia, como ocurre con zonas concretas como canarias”, ha explicado el concejal de Integración Social, Oscar Bleda.

El PSOE, en su turno de palabra llegó a preguntar si el concejal del PP y ex de Vox Joaquín Pérez de la Blanca, llamó a hoteles de Retamar y El Toyo para que no dieran alojamiento a inmigrantes irregulares dentro de la estrategia del Gobierno socialista.

Al aumento en la llegada del número de inmigrantes a nuestro país y las cifra de fallecidos –más de 6.000 personas murieron el año pasado intentando llegar a Europa-, “no hay una respuesta clara por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha denunciado el edil popular.

“Mientras sus políticas migratorias se basen en fórmulas populistas, no enfrentando al problema en origen, el tráfico de mafias o en la llegada a territorio sin procesos de integración, inclusión e inserción laboral, y sin seguimiento alguno, generando en una gran cantidad de ocasiones guetos de personas sin hogar recien llegadas, seguiremos teniendo la situación de no poder gestionar y colapsar los sistemas y recursos disponibles y tener una situación migratoria en nuestro país insostenible. Frustrando así las opciones de futuro de muchas familias y personas”, ha denunciado Bleda.

En contestación a este “fracaso” en la política del Gobierno de Sánchez, los populares almerienses han propuesto en la moción hoy aprobada medidas dirigidas “a la contratación en origen, promoviendo la migración circular, aumentar el personal administrativo en oficinas de asilo y extranjería, crear protocolos de colaboraicón y seguimiento entre administraciones y comunidades autónomas y dotar de mayores recursos económicos a las comunidades para gestionar dispositivos y recursos dedicados a la atención de personas migrantes, especialmente a menores”.