El panorama político e institucional de Almería afronta un momento de alta tensión con el arranque de las citaciones en sede judicial para las 43 personas que se encuentran bajo investigación en el conocido caso Mascarillas. Ante este escenario, el secretario de Organización del PSOE a nivel provincial, José Nicolás Ayala, ha demandado de manera imperativa que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparezca públicamente para dar respuestas tras lo que califica como un lustro de absoluto mutismo en torno a este procedimiento, el cual indaga el supuesto desvío de fondos mediante adjudicaciones de obras y servicios vinculadas a la Diputación de Almería.
A través de un comunicado emitido por la formación del puño y la rosa, el portavoz socialista ha puesto el foco en la trascendencia y el calado de los hechos que se dirimen en los tribunales. Ayala ha manifestado que "no hablamos de una trama aislada", argumentando la existencia de una supuesta red organizada y ligada a las filas del PP que presuntamente instrumentalizó la administración pública con el propósito de obtener beneficios ilícitos y comisiones personales.
El representante del PSOE ha lamentado profundamente que las siglas que sustentan el Gobierno provincial mantengan todavía en sus puestos de responsabilidad a perfiles salpicados por este escándalo. En su argumentación, ha tachado de simulación la mesa de estudio que se conformó en su día en el Palacio Provincial, definiéndola como una maniobra de distracción orientada a difuminar cualquier tipo de asunción de culpas en el plano político.
Ante la negativa para activar nuevos mecanismos de control y fiscalización tanto en las dependencias de la corporación almeriense como en la cámara autonómica, el secretario de Organización ha adelantado que su partido insistirá formalmente registrando otra vez las peticiones para abrir sendas comisiones de investigación en ambos órganos, argumentando que la prioridad actual radica en esclarecer la identidad de los beneficiarios reales y de quienes consintieron tales prácticas.
La puesta en marcha de la ronda de declaraciones judiciales deja abiertos numerosos interrogantes que, según el criterio de Ayala, la ciudadanía tiene el derecho legítimo de conocer con total transparencia. El dirigente socialista considera primordial que salga a la luz la cadena de mando del presunto fraude, determinando de forma nítida la identidad de las personas que dictaban las directrices, las que reclamaban los pagos bajo cuerda y los destinatarios finales de las cuantías económicas derivadas del encarecimiento artificial de los contratos.
Para el responsable del PSOE, resulta imperioso cuantificar el menoscabo económico exacto que esta situación ha provocado en las arcas comunes de los contribuyentes. Asimismo, ha reclamado que se concrete la fecha exacta en la que los mandatarios del PP tuvieron constancia de estas operativas que, a tenor de los indicios recabados en la fase de instrucción, podrían haber comenzado a ejecutarse de manera sistemática desde el año 2016.
Por otra parte, la estrategia de los socialistas también ha apuntado de forma directa hacia Vox, cuestionando la postura que adoptará este grupo político ante la gravedad de los acontecimientos, especialmente en las jornadas previas a la constitución oficial del Parlamento andaluz. Ayala ha dejado en el aire la duda de si esta fuerza política planteará exigencias estrictas y líneas rojas frente a los indicios de corrupción o si, de manera opuesta, preferirá ignorar el caso, emulando la postura adoptada en el ejercicio de 2023 cuando la formación liderada por Santiago Abascal optó por apartarse de la acción popular a pesar de contar con una posición decisiva para la estabilidad del Ejecutivo de Moreno Bonilla.
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