El avance judicial de una de las tramas de presunta corrupción con mayor impacto en la provincia de Almería ha sufrido un frenazo temporal en los juzgados. Rodrigo Sánchez Simón, exalcalde de Fines, y su hijo, Rodrigo Sánchez López, ambos investigados en el denominado caso Mascarillas por una supuesta contratación irregular con la Diputación de Almería a través de empresas instrumentales para el cobro de comisiones, se han acogido este jueves a su derecho a no declarar. La comparecencia ante el juez instructor, Manuel Rey Bellot, ha sido extremadamente breve, pues los investigados han abandonado la Ciudad de la Justicia de Almería apenas 45 minutos después de su llegada, utilizando un acceso secundario de la Fiscalía de Menores para evitar las preguntas de los medios de comunicación que aguardaban en la entrada principal.
La estrategia de defensa, explicada por el letrado Evaristo Llanos, justifica este silencio en la ausencia de los informes periciales definitivos encomendados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la guardia civil. Estos documentos resultan clave para el desarrollo de la causa, ya que deben analizar la ingente documentación intervenida, así como el volcado de los dispositivos móviles y ordenadores incautados durante los registros policiales del pasado mes de noviembre en el Ayuntamiento de Fines, en el domicilio particular de los investigados y en las sedes de las sociedades mercantiles vinculadas a la familia. Según la representación legal del exalcalde, se han solicitado estos informes hasta en tres ocasiones y, una vez que la documentación esté completa y las partes puedan ilustrarse debidamente, se procederá a contestar a las preguntas pertinentes. El abogado también ha restado trascendencia a uno de los indicios más llamativos del sumario, relativo a la procedencia de 119.950 euros en efectivo que los investigados transportaban envueltos en una funda de almohada dentro de su vehículo, procedentes de la vivienda del padre del exvicepresidente de la corporación provincial, Óscar Liria, quien es a su vez tío y primo de los encausados.
Por el contrario, la acusación popular ejercida por el PSOE sitúa al municipio de Fines como el auténtico núcleo operativo de la trama corrupta. A su llegada a las instalaciones judiciales, el abogado de la acusación, Javier Salvador, acompañado por el letrado José María Terrés, ha ironizado sobre el hallazgo del dinero en efectivo al señalar que, mientras que el dinero se guarda habitualmente en las libretas de ahorro, el municipio de Fines parece ser el único lugar donde se escondía en fundas de almohada, dejando en manos del juez la valoración de si este hecho constituye un indicio delictivo firme o una simple anécdota. Para la acusación, la localidad del Almanzora es un símbolo evidente de la connivencia investigada, recordando que el propio pueblo cuenta con un teatro que lleva el nombre de Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería. A pesar de que la jornada ha dejado pocas respuestas debido a la postura de los citados, la acusación confía en que las pesquisas determinen el destino final de los fondos generados mediante las supuestas comisiones ilícitas.
El trasfondo de esta pieza judicial se remonta a noviembre del año pasado, cuando la segunda fase de la operación de la guardia civil derivó en el arresto de los dos miembros de la familia Sánchez, coincidiendo con la detención del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y del exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, quien ya se encontraba bajo el foco de las autoridades judiciales. Los investigadores de la UCO sostienen que los familiares de Óscar Liria participaron activamente en un plan preconcebido destinado a saquear fondos públicos institucionales a través de terceras personas. El eje de esta operativa económica se concentra en la empresa OYC Servicios Urbanos, una mercantil que supuestamente obtuvo contratos fraudulentos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines por un valor global superior a 1,12 millones de euros entre los años 2020 y 2024. Los indicios apuntan a que, a pesar de figurar a nombre de testaferros, el exalcalde y su hijo ejercían el control real de la sociedad desde 2017, valiéndose de esta y otras firmas para canalizar el dinero y sufragar lujos, entre los que se incluye la compra de vehículos de alta gama destinados al beneficio personal de Liria.
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