La tramitación urbanística del ansiado complejo de la Unión Deportiva Almería encara un momento decisivo. El Consistorio de Almería evalúa una nueva estrategia impulsada por la empresa promotora para agilizar este macroproyecto en la zona de El Toyo, apostando ahora por dividir su ejecución en varias etapas diferenciadas.
El salón plenario acoge este viernes una sesión en la que la Gerencia Municipal de Urbanismo planteará archivar el plan de actuación global que Rozam Real Estate había diseñado originalmente para el polígono sesenta y cinco. Como alternativa, se someterá a votación el inicio de los trámites para encauzar las dos primeras fases de forma independiente. Este ajuste administrativo se produce más de un año después de que la corporación municipal diera su visto bueno inicial al proyecto unificado, contando con el respaldo del gobierno local y las abstenciones de las formaciones de la oposición. La iniciativa original prometía movilizar cerca de trece millones de euros para reconvertir más de ciento treinta y dos mil metros cuadrados en un recinto de élite, equipado con ocho campos de fútbol, áreas residenciales y un nuevo estadio con aforo para más de tres mil quinientas personas.
Más allá del ámbito deportivo, los ediles tendrán que resolver cuestiones urbanísticas clave para el desarrollo del municipio. Se espera la validación definitiva de los ordenamientos previstos para diversos solares ubicados en el entorno de la avenida del Mediterráneo, la calle Alpujarras y la calle Olula del Río. Al mismo tiempo, el pleno abordará la protección de la finca El Boticario para su declaración como parque periurbano, la redacción inicial de las normas relativas al registro de demandantes de vivienda pública y el avance de un novedoso centro de investigación agrícola que irá acompañado de una planta de energía solar fotovoltaica en el paraje El Maltés.
El pulso político estará protagonizado por las mociones de los distintos grupos de la oposición. Desde las filas del PP se exigirá que el Ministerio de Hacienda aplique una corrección inmediata en su orden de rebaja del IRPF agrario, argumentando que el esquema actual deja fuera a miles de productores gravemente afectados por las inclemencias meteorológicas y las plagas. Los populares también promoverán una declaración institucional orientada a blindar el prestigio de la judicatura, la Guardia Civil y la Policía Nacional, haciendo frente a los ataques orientados a desacreditar a los servidores públicos.
En la otra cara de la moneda, el PSOE pondrá la lupa sobre la gestión interna de los servicios, denunciando que la concesionaria de la limpieza de los colegios públicos incurre en incumplimientos de forma reiterada. Los socialistas solicitarán la apertura de un expediente de revisión y control para este contrato de dieciséis millones de euros, señalando deficiencias evidentes en el mantenimiento de zonas altas, mobiliario e iluminación, a la par que instarán a desplegar sin demora el plan estatal para asegurar el acceso a una vivienda digna. El resto del arco político también moverá ficha; las fuerzas progresistas defenderán los derechos laborales de las camareras de piso y la celebración del Orgullo, mientras que desde las filas conservadoras se abogará por promover una ética institucional intachable y convertir las playas en la sede veraniega de un potente circuito de vóley playa.
El tramo final de la sesión cederá el protagonismo a la audiencia ciudadana, visibilizando el profundo malestar de los usuarios del aparcamiento subterráneo de la Avenida Vilches. A través de un escrito dirigido a la alcaldía, los vecinos y abonados se declaran profundamente decepcionados y desamparados por la inacción del gobierno local ante una situación que califican de abandono y mala gestión. Los afectados censuran el progresivo deterioro de las instalaciones, la falta de seguridad y la ausencia de asambleas informativas desde dos mil dieciséis, a pesar de que es una exigencia estatutaria. Además, critican que las plantas destinadas a los residentes estén siendo usadas como zonas de rotación y consideran desorbitado el abono de más de doscientos euros mensuales por plazas de espacio reducido. Ante este panorama, exigen al Ayuntamiento que audite urgentemente la concesión y aplique el máximo rigor sancionador si se confirman estas irregularidades.
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