Los diputados nacionales del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, Maribel S. Torregrosa y Ana Martínez Labella y el senador Jesús Caicedo han mantenido esta mañana reuniones el sindicato de Policía Nacional SUP, de la Guardia Civil AUGCy con CSIF para conocer la evolución del proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno, cuyo plazo para presentar la documentación finaliza el próximo 30 de junio.
Rafael Hernando ha concluido que la regularización emprendida por el Ejecutivo de la Nación “ha sido un proceso absolutamente improvisado y sin control” que, a su juicio, “se ha convertido en un coladero para todo tipo de personas”. Según ha señalado, además de personas que ya se encontraban en España trabajando en la economía sumergida, “otras muchas han aprovechado el efecto llamada de este proceso de regularización”.
El diputado del PP almeriense ha denunciado que el Gobierno “ha intentado hacer este proceso eliminando los controles” y ha advertido de que esta situación “afecta y va a afectar en el futuro tanto a la seguridad ciudadana como incluso también a nuestra seguridad nacional”.
En este sentido, ha asegurado que la eliminación de las oficinas de extranjería de la Policía como principal órgano encargado de comprobar la documentación y los antecedentes penales está facilitando “el fraude en la tramitación de la documentación”.
Además, ha alertado de que podrán acogerse al proceso personas que no tengan una sentencia firme, incluyendo casos de personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio o sentencia.
“Esto es un verdadero disparate”, ha afirmado Hernando, quien también ha criticado que el Gobierno haya impulsado esta regularización “de espaldas al Parlamento” y sin diálogo.
Por otra parte, el diputado del PP ha recordado que el Gobierno de España estimó inicialmente unas 500.000 solicitudes de regularización, aunque, según ha afirmado, “no ha acabado el plazo y ya han confirmado que llevan más de 900.000”. En el caso de Almería, ha destacado que la provincia se situará “entre las tres primeras que más número de peticiones va a tener de regularización” en términos relativos de población.
Rafael Hernando ha advertido igualmente de que los servicios administrativos “no estaban preparados” para afrontar el volumen de solicitudes y ha señalado que, una vez concedidas las regularizaciones, será necesario un proceso de identificación digital para la expedición de la documentación, algo para lo que, según ha dicho, “el Gobierno no ha previsto absolutamente nada”.
Por ello, ha insistido en que se trata de “un proceso caótico, un proceso absolutamente improvisado, un coladero que ha tenido un terrible efecto llamada” y ha reiterado que “no hay control, no ha habido garantías” porque se han adoptado medidas para que ese control “no fuera efectivo marginando a la Policía y a los controles de extranjería”.
Finalmente, ha asegurado que el Gobierno ha pretendido convertir este proceso de regularización en un elemento de debate social para evitar asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción que se están conociendo y que desgraciadamente no tienen fin.
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