Este viernes se cerró la primera fase de declaraciones en el Caso Mascarillas, un proceso judicial que ha puesto bajo el foco a figuras relevantes de la Diputación Provincial de Almería. La comparecencia más esperada fue la del expresidente de la institución y exlíder del Partido Popular en la provincia, Javier Aureliano García, quien optó por acogerse a su derecho constitucional a no declarar ante el juez, decisión que también adoptaron dos de sus hermanos y un empresario vinculado a la presunta trama.
La jornada estuvo marcada por una escena poco habitual en la Ciudad de la Justicia: la llegada apresurada y a la carrera de Javier Aureliano García, que buscó evitar a toda costa el contacto con los medios de comunicación. Accedió al edificio por un lateral cercano al juzgado de guardia para luego dirigirse a la entrada principal, evitando el paso habitual. Tras deambular por el interior del recinto judicial y sopesar posibles vías de escape, incluyendo el Juzgado de Menores, el expresidente utilizó a su abogado, Joaquín Monterreal, como escudo para huir corriendo por su espalda y subirse a un vehículo que lo esperaba en marcha para su rápida salida.
El silencio como estrategia procesal
El mutismo ha sido la constante en esta fase del proceso. La mayoría de los investigados, incluido Javier Aureliano y sus familiares, han optado por no declarar, amparándose en su derecho constitucional. Según explicó su abogado defensor, Joaquín Monterreal, esta decisión responde a la espera de la llegada de nuevos informes de la Guardia Civil, especialmente de la Unidad Central Operativa (UCO). "Como no ha llegado todavía, no hay nada más que aclarar", señaló Monterreal, quien restó trascendencia al hecho de que su cliente no respondiera al juez.
Monterreal minimizó el alcance de las acusaciones, calificando el caso como una mera comprobación fiscal centrada en un ingreso bancario declarado a Hacienda. "Hoy por hoy, realmente lo único que consta de don Javier Aureliano es dar explicaciones sobre un dinero que consta que se ingresó en una cuenta bancaria y que se pagó. Punto", afirmó el letrado. Según su versión, toda la explicación pertinente ya se ofreció en su día porque "todo ese dinero estaba declarado a Hacienda, estaba perfectamente en Renta". Por ello, descartó que el silencio oculte irregularidades y abrió la puerta a volver a declarar "si hubiera algo nuevo" cuando se incorporen los esperados atestados policiales.
Además, Monterreal confirmó la existencia de diligencias relacionadas con una pieza separada sobre un viaje a Madrid, un aspecto de la investigación que, según estimó, podría activarse después del verano
Frente a la versión de la defensa, la acusación popular, representada por el PSOE, mantiene que la instrucción ha consolidado indicios de una trama perfectamente jerarquizada. Los abogados Javier Salvador y José María Terrés comparecieron a la salida de los juzgados para hacer balance de este intenso mes de interrogatorios.
Salvador valoró que, pese al silencio de la mayoría, las declaraciones recogidas han permitido "formalizar el mapa de las personas que estaban, el qué hacían y el cómo actuaban", configurando roles claros dentro de la supuesta organización criminal. Destacó el valor de las escasas fisuras en el muro de silencio, como la confesión reciente del exportavoz del PP de Cantoria, que admitió haber pedido obras y obtenido beneficios económicos.
El portavoz de la acusación popular describió un modelo caciquil basado en "pequeñas taifas en las que un jefecillo local, siendo alcalde o no, tenía un control absoluto sobre la contratación de la Diputación" durante el mandato de García. Subrayó además la gravedad ética y social de que, apenas dos días después de declararse la pandemia, los implicados vieran la crisis sanitaria como una oportunidad de negocio. "Lo más asombroso de todo eso es que ese modelo estaba perfectamente rodado hasta el punto de que, dos días después de que se declarase la pandemia, ellos lo primero que piensan es en la oportunidad de negocio que se les abría", afirmó Salvador.
Por su parte, José María Terrés incidió en que el mutismo generalizado será estéril ante el peso de las pruebas materiales. "Hay una cantidad enorme de documentación que hablará por sí misma", advirtió, destacando que esos folios serán suficientes para colocar a cada investigado en la estructura jerárquica, distinguiendo nítidamente quién era "hombre de paja" y quién el verdadero "ideólogo".
Contexto y repercusiones del Caso Mascarillas
El Caso Mascarillas ha puesto en evidencia la complejidad y vulnerabilidad de las redes de contratación pública en Almería, especialmente en un contexto tan delicado como la pandemia de COVID-19. La investigación apunta a posibles prácticas irregulares y aprovechamiento de la emergencia sanitaria para beneficio económico, lo que ha generado una gran expectación social y mediática.
La estrategia de silencio adoptada por la mayoría de los investigados contrasta con la firmeza de la acusación popular, que confía en que la documentación y las futuras declaraciones de testigos permitan desentrañar la verdad y establecer responsabilidades. Este enfrentamiento entre defensa y acusación refleja la tensión inherente a procesos judiciales complejos donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandadas por la sociedad.
La fase de testigos: un nuevo capítulo en la instrucción
Concluida la fase de declaraciones de los investigados, el proceso judicial avanza hacia la etapa de testificales, prevista para finales de septiembre. A diferencia de los imputados, que tienen derecho a no declarar y a no confesarse culpables, los testigos comparecen bajo apercibimiento y con la obligación legal de decir la verdad, lo que podría aportar nuevas luces sobre el entramado investigado.
Entre los testigos solicitados por la acusación figura el antiguo presidente de la Diputación, Gabriel Amat, predecesor de Javier Aureliano García. Su testimonio podría aportar un contexto institucional más amplio y ayudar a clarificar aspectos relacionados con la gestión pública y las contrataciones durante su mandato y el posterior.
Este cambio procesal es clave para avanzar en la instrucción, ya que la declaración de testigos podría romper el muro de silencio impuesto por la mayoría de los investigados y aportar detalles esenciales para la reconstrucción de los hechos.
Detalles y escenas del día de la comparecencia
La comparecencia de Javier Aureliano García fue especialmente esperada y seguida por numerosos medios de comunicación. Citado a las 9:30 horas, llegó minutos antes de las 9:10, accediendo por la puerta principal, aunque con una actitud claramente evasiva. Intentó evitar a los periodistas recorriendo la mínima distancia posible y corriendo cuando la cámara de TVE comenzó a grabar.
En el interior de la sala judicial, García y sus hermanos optaron por acogerse a su derecho a no declarar, siguiendo la línea de la mayoría de los investigados. A la salida, el expresidente también intentó evitar a la prensa, saliendo mientras su abogado atendía a los medios, sonriente y con un teléfono móvil en la oreja. Nuevamente, se dirigió rápidamente a un vehículo que lo esperaba y arrancó cuando él aún estaba cerrando la puerta.
Perspectivas y próximos pasos en la investigación
La instrucción del Caso Mascarillas continúa abierta y en una fase que las partes consideran inicial, pese al tiempo transcurrido desde el estallido de la operación. La Guardia Civil sigue trabajando en informes y pesquisas patrimoniales que serán fundamentales para esclarecer el entramado económico detrás de la supuesta organización criminal.
La acusación popular mantiene su confianza en que la documentación y las declaraciones de testigos permitirán avanzar en la investigación y sentar las bases para posibles responsabilidades penales. Por su parte, la defensa mantiene una postura de espera y minimización del caso, apostando por la transparencia fiscal y la ausencia de irregularidades probadas hasta el momento.
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