Las asociaciones profesionales de la guardia civil, actuando de forma conjunta en unidad de acción bajo colectivos como la AUGC Guardia Civil, JUCIL, la Asociación Profesional de Cabos, IGC, AEGC, APROGC y UniónGC, han mostrado su firme oposición a los planes de los órganos de dirección del cuerpo de desmantelar la presencia de la institución en Roquetas de Mar. La postura se ha formalizado tras una reunión extraordinaria y urgente celebrada el 11 de julio de 2026 con el coronel jefe de la Comandancia de Almería. En este encuentro, la dirección del cuerpo constató que mantiene su decisión de cesar la prestación del servicio en el municipio almeriense una vez que se complete el despliegue de la policía nacional, lo que acarrearía el cierre definitivo de las dependencias actuales.
Frente a esta medida, los representantes de los agentes defienden la viabilidad de un modelo de coexistencia entre ambas fuerzas de seguridad pública en la localidad. Las asociaciones argumentan que es posible y necesario diseñar un reparto equitativo y equilibrado de competencias institucionales y operativas, fundamentado en la carga de trabajo, los índices delincuenciales registrados, la extensión territorial y el volumen de población de Roquetas de Mar. Los portavoces rechazan de plano cualquier propuesta que implique relegar a los efectivos de la Benemérita a un papel secundario o que suponga su salida de una demarcación en la que acumulan décadas de servicio profesional y un conocimiento arraigado de la realidad social y delincuencial de la comarca.
Para argumentar la idoneidad de la permanencia del cuerpo, el comunicado emitido resalta que en Andalucía existen actualmente 25 municipios en los que conviven de forma efectiva y con competencias compartidas la policía nacional y la guardia civil. Las agrupaciones profesionales sostienen que este precedente demuestra que no hay motivos operativos válidos para descartar la aplicación de dicha fórmula organizativa en un punto de la relevancia demográfica y socioeconómica del poniente almeriense, y reclaman que se apliquen criterios de equidad y eficacia en la toma de decisiones sobre seguridad ciudadana.
Durante el transcurso de la reunión, el coronel jefe de la Comandancia de Almería comunicó a las organizaciones profesionales que en el escenario actual no es factible concretar de forma definitiva la distribución de las vacantes que generaría el desmantelamiento del puesto, si bien trasladó la predisposición formal de la jefatura para que la mayoría de los puestos vacantes se distribuyan entre las unidades principales integradas en la primera y la tercera compañía de la provincia de Almería.
La plantilla afectada ha reclamado formalmente a la cadena de mando y a la Dirección General del cuerpo que se habiliten de manera inmediata los mecanismos técnicos y presupuestarios necesarios para asegurar una correcta reubicación profesional de los guardias civiles implicados, así como medidas sociolaborales complementarias para minimizar el impacto de este traslado en sus familias. Las organizaciones integradas en la unidad de acción han concluido que mantendrán la interlocución y la presión institucional para exigir plenas garantías de transparencia a los mandos en las futuras resoluciones, priorizando la estabilidad del personal y la protección ciudadana en el Estado español.
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