Durante su paso por la provincia de Almería, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado un firme rechazo hacia las manifestaciones "violentas" vertidas por representantes de Vox a raíz de los recientes acontecimientos migratorios acontecidos en Ceuta. El integrante del Ejecutivo central ha tildado de inaceptables las palabras del portavoz parlamentario José María Figaredo en un espacio televisivo, donde aludió a "cazar" a quienes accedieron de forma masiva al territorio ceutí, remarcando rotundamente que "decir que vamos a cazar personas humanas es un delito de odio".
Las afirmaciones del diputado de la formación ultraderechista ya han desencadenado acciones legales, acumulando dos reclamaciones formales ante la Fiscalía del Tribunal Supremo impulsadas por Compromís y la plataforma Foro de Abogacía y Democracia. A estas iniciativas se ha sumado el departamento ministerial de Igualdad, que mediante la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación ha remitido un expediente al órgano fiscalizador para analizar si la conducta se encuadra en los supuestos del artículo 510 del Código Penal.
Ante esta coyuntura, Bolaños ha hecho un llamamiento a las fuerzas democráticas para aislar estos discursos radicales y marginarlos de la gestión pública territorial. En este sentido, ha lamentado que el
PP no haya asumido dicha contención, permitiendo que sus socios en diversos ejecutivos autonómicos terminen por imponer sus directrices ideológicas.
El ministro ha instado además a la principal fuerza de la oposición a clarificar su postura interna ante la convocatoria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la acogida de menores migrantes no acompañados, un foro sobre el que el portavoz popular Elías Bendodo garantizó la comparecencia de sus barones regionales. En contraposición a la tensión verbal, el representante gubernamental ha reivindicado la labor del Estado, asegurando que se facilita información cotidiana y se coordinan los instrumentos necesarios para que la atención a la infancia vulnerable en la ciudad autónoma cumpla de manera estricta con los derechos humanos.
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