El Gobierno español se muestra optimista respecto a la aprobación del real decreto de vivienda, que podría llevarse a cabo este martes. Esta confianza surge tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue expulsada de su hogar en Madrid, un evento que ha generado un fuerte eco en la opinión pública y ha motivado a varios grupos parlamentarios a buscar un acuerdo.
Durante el fin de semana, el Ejecutivo planea negociar para alcanzar un consenso mínimo que garantice los apoyos necesarios para la convalidación del decreto en el Congreso. Aunque el Gobierno tiene la autoridad para aprobarlo en el Consejo de Ministros cuando lo considere oportuno, el ala socialista prefiere esperar hasta contar con los respaldos adecuados.
Punto de inflexión en las negociaciones
La reacción social ante el desahucio de Maricarmen ha sido significativa, provocando una movilización que, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, ha cambiado las dinámicas del debate parlamentario. Los distintos grupos políticos han comenzado a reconocer la necesidad de ceder en sus posiciones para lograr un acuerdo básico.
Las principales dificultades han surgido entre Junts y Podemos, quienes han mantenido vetos cruzados. Mientras Junts aboga por medidas favorables a los propietarios, como bonificaciones fiscales, Podemos defiende expropiaciones masivas y control de precios. Sin embargo, se han registrado avances en las conversaciones con Junts, a pesar de que las relaciones estaban tensas desde hace más de un año.
Propuestas sobre la mesa
Junts ha mostrado optimismo recientemente y considera que sus propuestas son bien recibidas por los socialistas. Por otro lado, la solicitud de Sumar para expropiar el piso de Maricarmen al fondo propietario enfrenta mayores obstáculos. El ministro Félix Bolaños expresó su oposición a esta medida, argumentando que no conduce a soluciones efectivas y carece de respaldo constitucional. A pesar de esto, Sumar ha manifestado su intención de seguir luchando por lo que consideran una solución lógica dentro del marco legal actual.
El objetivo inmediato es alcanzar un acuerdo mínimo que contemple iniciativas para prohibir o restringir los desahucios y prevenir situaciones similares a la vivida por Maricarmen. En Moncloa se percibe que las negociaciones están avanzando, aunque se extenderán durante todo el fin de semana y más allá, hasta el último momento antes del Consejo del martes.
Desafíos futuros
El real decreto deberá ser convalidado en la Cámara Baja en un plazo máximo de 30 días. El Gobierno busca evitar derrotas como las sufridas en febrero y abril del presente año 2026, donde Junts alineó sus votos con PP y Vox contra las propuestas del Ejecutivo.
En definitiva, la situación actual refleja una creciente presión social y política para abordar la crisis habitacional en España mediante medidas efectivas y consensuadas.
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