El conflicto laboral en el servicio de transporte urbano de Almería ha alcanzado un nuevo punto crítico tras confirmarse que el coste económico derivado de las mejoras salariales acordadas terminará repercutiendo de forma directa en la ciudadanía. La plantilla del servicio operado por Surbus ha trasladado este martes sus protestas a la puerta del Ayuntamiento de Almería para reclamar formalmente la mediación de la institución local en la negociación que mantiene con la dirección de la empresa. En este escenario, la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, ha dado por seguro que el pacto definitivo traerá consigo un incremento en la tarifa del billete del autobús urbano, debido al impacto directo que el pacto laboral tendrá sobre las arcas y la partida presupuestaria municipal.
La regidora ha hecho un llamamiento expreso a la responsabilidad de ambas partes para alcanzar un entendimiento con celeridad que ponga fin a los paros.
No obstante, en relación con el trasfondo económico del conflicto, María del Mar Vázquez ha subrayado la conveniencia de que la concesionaria cierre la negociación cuanto antes, si bien ha advertido de que tarde o temprano la resolución acordada terminará afectando al presupuesto del Ayuntamiento de Almería y, por consiguiente, al bolsillo de los almerienses.
Por su parte, la representación sindical mantiene la convocatoria de huelga indefinida tras haber desestimado la oferta más reciente presentada por la dirección de Alsa Surbus. El presidente del comité de empresa, Pedro Viúdez, ha detallado la propuesta del colectivo de trabajadores, que plantea la aplicación de un incremento salarial del 3% y el reconocimiento explícito de la paga íntegra correspondiente al mes de septiembre en los mismos términos que la percibe el personal procedente de la antigua Empresa Municipal de Transportes (EMT). Los representantes de los empleados defienden la necesidad de corregir este desajuste y homologar las condiciones retributivas de la plantilla, motivo por el cual han trasladado la presión a la sede consistorial en busca de un arbitraje efectivo por parte de la administración municipal.
El desencuentro se prolonga en medio del despliegue de servicios mínimos decretados para la red de transporte urbano de Almería, donde las movilizaciones continúan condicionando el tráfico y la movilidad cotidiana en la capital. Pese a que la compañía concesionaria ofreció un aumento a cuenta del 3,5% sumado a la liquidación de atrasos, las posturas de la empresa y del comité de empresa siguen alejadas respecto a la equiparación de pluses y la reorganización de los tiempos de recorrido de las líneas, manteniendo abierto un contencioso que aboca a los usuarios del autobús urbano a asumir el coste del futuro pacto laboral.