Las consecuencias financieras provocadas por los seísmos que sacudieron diversos puntos del sur del Estado continúan su curso de resolución. El Consorcio de Compensación de Seguros, organismo dependiente del Ministerio de Economía, ha formalizado hasta el momento el abono de 23.679 indemnizaciones a los damnificados, alcanzando un desembolso económico total que supera los 89,3 millones de euros.
Aunque el impacto del enjambre sísmico focalizó su mayor intensidad en territorio granadino, la onda expansiva y los consecuentes desperfectos materiales alcanzaron a diferentes rincones de la Comunidad. En el caso de la provincia de
Almería, las reclamaciones presentadas por los vecinos se extienden a un total de 20 municipios, que se suman a la amplia lista de localidades perjudicadas en zonas limítrofes y en la ciudad autónoma de Melilla.
El volumen global de expedientes gestionados por la entidad aseguradora pública roza ya las 73.000 peticiones. En concreto, se han registrado 72.863 reclamaciones de cobertura, de las cuales la inmensa mayoría corresponden a daños de carácter material en inmuebles e infraestructuras, mientras que cerca de un centenar responden a reclamaciones por pérdidas de beneficios económicas. Del total recibido, en torno a 3.600 expedientes han tenido que ser descartados al tratarse de solicitudes duplicadas o por carecer de la correspondiente póliza con cobertura activa.
Por tipología de bienes dañados, el sector residencial aglutina la mayor parte de las asistencias. Las viviendas particulares y las comunidades de propietarios encabezan las partidas indemnizatorias con más de 68.000 partes presentados, de los cuales ya se han resuelto favorablemente más de 22.300 por un valor superior a los 84,4 millones de euros.
En menor proporción, pero también con afecciones significativas, se sitúan los locales comerciales y almacenes, donde se han liquidado un millar de expedientes por valor de 3,6 millones. La lista de abonos efectuados se completa con intervenciones en oficinas, instalaciones industriales y vehículos particulares que sufrieron las consecuencias directas de los temblores.
Las previsiones técnicas que maneja la entidad apuntan a que la factura final de este episodio sísmico requerirá una movilización de recursos económicos sensiblemente mayor, estimando que la cuantía total destinada a cubrir los siniestros superará los 230 millones de euros a medida que concluya el peritaje del resto de las solicitudes pendientes.
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