Memoria democrática

Esta semana, el Gobierno Andaluz ha aprobado el Anteproyecto de Ley que lleva el pomposo título que da nombre a este artículo, con el objetivo confesado de “saldar la deuda con las víctimas de la represión franquista”.
En realidad, el Anteproyecto va mucho más allá, puesto que amplía el horizonte temporal de la norma desde abril de 1931 hasta enero de 1982, es decir, desde la República hasta el final de la transición, con el triunfo del PSOE en las elecciones generales de ese año.
Hay que señalar que desde el año 2006, e impulsada por el entonces Presidente, Sr. Rodríguez Zapatero, ya existe una Ley de Memoria histórica que, ahora, Andalucía pretende superar, como consecuencia de la enorme influencia de los comunistas de IU en el Gobierno de la Comunidad, seguramente a cambio de algunas concesiones a los socialistas en otros temas o por olvidos interesados en los casos de corrupción que golpean a la Junta.
Independientemente de los objetivos últimos, la Ley nace muerta, puesto que no contempla, como todas las Leyes, una memoria económica, en este caso absolutamente imprescindible, teniendo en cuenta el gran intervencionismo que prevé, incluso con expropiaciones a propietarios de suelos en donde se sospeche que existan fosas comunes, pero esto no les parece importante, lo más importante es distraer al personal.
En la extensión y profundidad de la Ley, Andalucía sí va a ir en cabeza del resto de España, como desgraciadamente nos sucede en niveles de desempleo, en fracaso escolar, en emigración de muchos jóvenes preparados o en nuestro menor nivel de renta en comparación con otras Comunidades españolas o europeas. Sorprendentemente este “modelo de situación”, la Sra. Valenciano lo quiere exportar al resto de Europa.
De esta situación, no pueden estar exentos de responsabilidad, los sucesivos Gobiernos socialistas que hemos tenido en Andalucía durante los últimos 32 años, solos o en compañía de otros.
La Ley, además, obligará a contar en las escuelas andaluzas “la dureza que supuso la represión del franquismo”. El sectarismo de la Ley es tal que no reconoce para nada el dolor que supuso para todas las partes nuestra “incivil guerra” y los años previos, como si solamente un bando hubiera sufrido las consecuencias de la misma.
Por supuesto, todo el derecho y el respeto para recuperar la dignidad de TODAS las víctimas en el amplio periodo que abarca la Ley, pero en, este sentido, nace coja por el revanchismo que destila todo el texto.
En cualquiera de los casos, para Andalucía llena de multitud de problemas, no parece que estemos ante una Ley sentida, importante y necesaria, además de democrática, como proclaman los padres de la iniciativa.