La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha reunido con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont en Waterloo, la localidad belga donde el expresidente catalán se refugia desde su huida tras su esperpéntica declaración unilateral de independencia en 2017. El objetivo de este encuentro, según fuentes Sumar, era "abrir un diálogo" con Junts per Catalunya para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un diálogo, por cierto, inmerso en la paradoja de que quienes defienden que en el Congreso se hable gallego y catalán, y los diputados tengan usar traductores, fuera de la institución hablan castellano porque es su idioma común.
La imagen de Díaz saludando a Puigdemont con una sonrisa cómplice ha causado indignación y estupor en muchos sectores de la sociedad española, que ven en este gesto una humillación al Estado de derecho y una traición a los principios democráticos, en un ejercicio de obscenidad política con balcones a la calle. ¿Qué busca Díaz exhibiéndose en esta peregrinación a Waterloo como quien va Lourdes a pedir “virgencita, virgencita, que me de sus votos”? ¿Qué le ofrece a Puigdemont a cambio de su apoyo y que ella pueda objetivamente entregarle?
El PSOE, por su parte, ha intentado marcar distancias con la reunión de Díaz y Puigdemont, asegurando que se trata de una "iniciativa personal" de la vicepresidenta y que no representa la posición del Gobierno, pero lo cierto es que ella forma parte de ese Gobierno, y que su maniobra tiene como objetivo que ese Gobierno vuelva a reeditarse. Por eso esta excusa no convence a nadie y ante la gravedad del hecho, si realmente no actúa en nombre del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez debería destituirla.
No es que el PSOE pueda considerarse corresponsable de lo que hace su socio, pero tampoco puede vestirse de inocente cuando el principal beneficiado de ese pacto será el propio Sánchez. Es más, sorprende que los socialistas se hayan lanzado a poner distancias con la peregrinación de la gallega, porque no han hecho lo mismo en sus negociaciones con EH Bildu, una coalición en la que uno de los partidos políticos está directamente vinculado al mundo de ETA, y cuyo candidato a lehendakari, Arnaldo Otegi, fue condenado por terrorismo.
Como dijo Napoleón Bonaparte, "la política es el arte de lo posible". Pero también hay límites éticos y legales que no se pueden traspasar, bueno, que no se deben traspasar, porque traspasar-traspasar, sí que se traspasan. La reunión de Díaz y Puigdemont es una muestra más de que Sumar está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder porque es la única manera de subsistir. Y el PSOE es cómplice de esta estrategia suicida, que solo debilita al Estado poniéndolo al servicio de minorías, que en este caso son independentistas, pero que daría igual su ideología porque son minorías -además, castigadas electoralmente en el caso de Junts- que imponen sus criterios a la mayoría.
La pregunta es si esta evidencia removerá las almas de los votantes socialistas y de aquellos socialistas con escaño que no están conformes.
Y como el boomerang se vuelve contra el PP porque González Pons se mostró partidario de hablar también con Junts, hay que destacar varias diferencias no menores. La primera es que una cosa es hablar con un partido legal y con representantes legales en las instituciones, y otra distinta hacerlo con un prófugo, y además en el lugar en el que se encuentra huido, como rindiéndole pleitesía. Luego está el fondo de la cuestión, que son los límites de cada cual en una negociación, el saber decir no, porque no siempre que se dialoga se llega a acuerdos.