Cada vez que en algún despacho se firma el nombramiento de un alto cargo político, el gremio periodístico desempolva su bola de cristal. Especulamos, teorizamos y, con una honestidad casi entrañable, la mitad de las veces no damos en el clavo. Sin embargo, cuando el movimiento de fichas sitúa a Francisco Góngora —hasta ahora regidor ininterrumpido de El Ejido— al frente de la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia de Almería, las conjeturas dejan de ser un pasatiempo para convertirse en una necesidad analítica.
No faltan precedentes para armar el puzle. Al arrancar la última campaña de las elecciones municipales, el propio Paco Góngora ya deslizaba en privado que el presente mandato —con fecha de caducidad en mayo de 2027— marcaría el fin de su etapa en la gestión local. Apenas dos meses atrás, habléo de nuevocon él sobre una hipotética reelección, tiraba de pragmatismo: todo dependería del partido y de lo que resultara más conveniente para los intereses electorales de El Ejido.
Pero reducir este movimiento a un simple relevo o a un retiro anticipado sería pecar de una candidez impropia. Para comprender por qué el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha apostado por Francisco Góngora, hay que mirar más allá de la política municipal y enfocar el tablero autonómico, donde la interlocución con formaciones como Vox —liderada en el Gobierno por Manuel Gavira— requiere de muñeca política y, sobre todo, de un máster acelerado en contención ideológica.
Y si hay alguien en toda la provincia de Almería que ostente un doctorado en bregar con Vox, ese es Paco Góngora.
La memoria política suele ser corta, pero los datos son tozudos. En el mandato anterior, el Partido Popular de El Ejido se vio obligado a integrar a Vox en su equipo de gobierno municipal. El debut de la formación de extrema derecha no decepcionó a los amantes del esperpento: su primera exigencia tras las urnas fue liberar y poner sueldo a la totalidad de sus siete concejales. Poco después, incapaces de gestionar las competencias asignadas y previamente pactadas, abandonaron el ejecutivo local por iniciativa propia. La ciudadanía tomó nota y, en las siguientes elecciones municipales, el castigo electoral redujo significativamente la representación de Vox en votos y concejales.
Desde entonces, quienes siguen la actualidad de los plenos ejidenses han asistido a un choque frontal y doctrinal continuo. Si bien pueden coincidir en el diagnóstico de ciertos problemas, la distancia en las soluciones es abismal. El ejemplo más claro es la gestión migratoria. Francisco Góngora sostiene una postura firme contra la inmigración irregular, pero jamás ha asumido la deshumanización de dejar morir a alguien en la mar. Conoce la complejidad de la convivencia intercultural en la provincia de Almería, pero defiende de forma tajante que la integración y el respeto al Estado de derecho no solo son posibles, sino imprescindibles.
La misma distancia insalvable se ha escenificado en debates sobre la violencia de género o la conmemoración del Día del Orgullo. Paco Góngora se ha batido el cobre en el salón de plenos para marcar una raya roja infranqueable entre el conservadurismo de gestión y las proclamas altisonantes.
Esa experiencia previa es oro molido para el ejecutivo autonómico de Andalucía. En una provincia como la de Almería, donde Vox experimentó un notable crecimiento en las pasadas elecciones autonómicas —superando en número de votos al PSOE, aunque empatando en escaños—, situar como delegado del Gobierno andaluz a un perfil capaz de marcar territorio con solvencia no es una casualidad. Es un movimiento táctico impecable por parte de Juanma Moreno.
El nombramiento de Francisco Góngora no es una simple gratificación por servicios prestados al municipalismo. Es la designación de un especialista en contención política para la provincia de Almería. Un mensaje claro, con acento del Poniente, para el tablero político.
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