La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los fenómenos más persistentes en Almería durante la última década hasta el punto de que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez ha puesto en marcha una oficina para atender a las víctimas de este problema. Lo que comenzó como un repunte puntual en 2018 ha terminado consolidándose como una realidad que condiciona la convivencia en barrios de la capital, la actividad de los juzgados y el mercado inmobiliario en toda la provincia. Los datos policiales y judiciales recopilados desde entonces muestran una evolución clara: crecimiento sostenido, estabilización en cifras altas y una caída moderada que no logra revertir el problema.

En la ciudad de Almería, los registros del Ministerio del Interior reflejan que la ocupación ilegal empezó a crecer con fuerza a partir de 2018. Ese año se contabilizaron 269 casos, una cifra que aumentó a 294 en 2019 y que, pese a la pandemia, se mantuvo elevada en 2020, con 280 hechos conocidos.

El punto más alto llegó en 2021, cuando la capital alcanzó 305 ocupaciones. Fue el máximo de la serie reciente y marcó un antes y un después: a partir de ese momento, la ocupación dejó de ser un fenómeno excepcional para convertirse en un elemento estructural del paisaje urbano. En 2022 la cifra se mantuvo exactamente igual, y en 2023 apenas descendió a 299. No fue hasta 2024 cuando se registró una caída más visible, hasta 245 casos, aunque el volumen seguía siendo muy superior al de hace una década.

La presión en los juzgados

El aumento de ocupaciones se trasladó rápidamente a los tribunales. Los juzgados de la provincia comenzaron a recibir cada vez más procedimientos civiles para recuperar viviendas ocupadas. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los juicios verbales posesorios experimentaron un salto brusco entre 2018 y 2019: de 21 a 85 procedimientos en solo un año.

A partir de ahí, la litigiosidad se mantuvo en niveles altos. En 2020 se registraron 62 procedimientos, en 2021 fueron 82, en 2022 se contabilizaron 71 y en 2023, 65. Aunque la tendencia muestra una ligera moderación, el volumen actual triplica aún el de 2018, situando a Almería entre las provincias con mayor presión judicial por ocupación ilegal.

Una provincia entre las más afectadas

La fotografía más reciente confirma que el fenómeno sigue muy presente. En 2026, Almería capital registra 181 viviendas ocupadas en venta, una cifra que la sitúa entre las ciudades españolas con más inmuebles en esta situación. A nivel provincial, el 5,4% de toda la oferta inmobiliaria está afectada por ocupación ilegal, un porcentaje muy superior a la media nacional.

Andalucía concentra el 20% de las viviendas ocupadas del país, solo por detrás de Cataluña, que acumula el 40%. Dentro de la comunidad, Almería es una de las provincias que más contribuye a ese peso, tanto por volumen como por proporción respecto a su mercado inmobiliario.

La ocupación ilegal en Almería ha crecido y se ha estabilizado en cifras altas desde 2018.

Denuncias constantes

Los datos autonómicos refuerzan la idea de que la ocupación ilegal es un problema sostenido. Andalucía registra más de cinco denuncias diarias por allanamiento o usurpación, y desde 2010 acumula más de 30.000 denuncias. En 2025 se contabilizaron 1.909 hechos conocidos por ocupación en la comunidad. Aunque el Ministerio del Interior no publica un desglose provincial para ese año, la correlación con la oferta ocupada permite estimar que Almería mantiene una incidencia elevada y estable.

Desahucios a la baja, ocupaciones al alza

La caída de los desahucios por impago de alquiler en Andalucía —un descenso del 53,9% en 2026— podría sugerir una mejora en la situación de la vivienda. Sin embargo, los expertos advierten de que esta reducción no implica menos ocupaciones. Muchos casos se resuelven mediante acuerdos extrajudiciales o mecanismos de mediación obligatoria, lo que reduce la estadística judicial pero no la incidencia real.

Un problema que no desaparece

La evolución desde 2018 demuestra que la ocupación ilegal en Almería no es un fenómeno coyuntural. Ha crecido, se ha estabilizado y, aunque muestra señales de contención, sigue siendo uno de los retos más relevantes para la provincia. La combinación de viviendas vacías, lentitud judicial y un mercado inmobiliario tensionado mantiene el problema vivo y visible.

Mientras los datos apuntan a una ligera mejora, la realidad sobre el terreno indica que la ocupación ilegal seguirá siendo un asunto central en el debate social y político de Almería durante los próximos años.