En el actual panorama mediático, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y la inmediatez es la norma, los medios de comunicación nos encontramos constantemente bajo la presión del escrutinio público y el político, que en esto segundo es como cuando en las sesiones de control al Gobierno, éste se ocupa de preguntar a la oposición en vez de responder.
Es innegable que, en algún momento, todos hemos cometido errores al cubrir una noticia, al no contrastarla suficientemente, al interpretar mal un dato o al no contextualizar una declaración de manera suficiente. Es parte inherente de nuestro oficio. Por eso, más allá de las afinidades o desprecios que pueda tener cada periodista o cada línea editorial, es crucial reconocer que asumir la rectificación es un pilar fundamental de nuestra labor. Si uno se equivoca, la obligación de rectificar, incluso más allá de lo que establezca la ley, es imperativa.
Sin embargo, lo que resulta incomprensible es que esta exigencia de rectificación, tan arraigada en el periodismo, no se aplique de la misma manera a quienes ostentan el poder. Hemos sido testigos de un patrón preocupante en el que el propio Gobierno, lejos de reconocer sus errores o de retractarse de informaciones erróneas que ha difundido o jaleado, se mantiene en silencio o, peor aún, persiste en su narrativa inicial.
Un ejemplo reciente lo ilustra a la perfección. Se trata de la publicación de una noticia en ElPlural.com que sugería que un capitán de la UCO que ahora está contratado por la Comunidad de Madrid, bromeaba con la idea de poner una bomba lapa al presidente Pedro Sánchez. Posteriormente llega la revelación de The Objetive del audio completo donde la "broma" se entendía de manera opuesta (que el oficial temía que Sánchez contratara a un sicario contra él), la reacción gubernamental fue inmediata y contundente... a lo primero, pero no a lo segundo.
Hasta tres ministros salieron en tromba a airear la primera versión, e incluso el programa "La Mañana de RTVE" con Silvia Intxaurrondo lo difundió con gran amplitud. sirviendo de un modo indisimulado los intereses de quien le paga, no de la información. De todos los actores implicados, el único que ha tenido la gallardía de admitir el error y rectificar de forma clara ha sido La Sexta, y también Eldiario.es. Ni los ministros, ni El Plural, ni RTVE han rectificado, y hasta alguna prensa local almeriense se hace eco el 1 de junio de la primera versión, cuando podía no haberla sacado, o haber contado la controversia producida por el bulo.
Pero de casta le viene al galgo, porque fue el mismo medio que tras difundir la falsa información de que el juez Peinado, del caso que afecta a la esposa del presidente Pedro Sánchez, tenía dos DNI y uno de ellos era falso, su directora fue premiada metiéndola en el Consejo de la RTVE. Y también fue este medio quien adelantó la documentación reservada sobre la causa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso -la que por su revelación ha supuesto la imputación al Fiscal General del Estado- con el fin de que Juan Lobato pudiera usarla en un pleno de la Asamblea de Madrid.
Pero esta actitud no es nueva. Recordamos cuando InfoLibre publicó una noticia sobre una supuesta subvención recibida por la esposa de Alberto Núñez Feijóo por parte de la Xunta de Galicia. Se demostró que era falso, un error del medio, e InfoLibre rectificó y pidió disculpas a sus lectores. Sin embargo, el Gobierno, que había salido con la misma vehemencia a jalear esa noticia, fue incapaz de reconocer que se había hecho eco de una noticia falsa, incluso cuando el medio ya lo había hecho.
También fue la vicepresidenta María Jesús Montero, en un alarde de muy fan de "Regreso al futuro" quien se hico eco de una información antes de ser publicada (relativa al caso de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso) en Eldiario.es
Tampoco podemos olvidar cómo el Gobierno alentó la idea de que el "gran apagón" que sufrimos hace más de un mes fue producto de un hackeo de piratas informáticos. A día de hoy, se ha demostrado que eso no ocurrió. El Gobierno no ha salido a reconocer que carecía de pruebas cuando admitió esa posibilidad y la siguió alentando, incluso cuando la propia Red Eléctrica de España y el Centro Criptológico Nacional, junto con el CNI, habían desmentido esa versión.
El ministro Óscar Puente, tras un colapso ferroviario, difundió que se trataba de un sabotaje organizado, basándose en el valor del cable robado. Tampoco ha pedido disculpas cuando se ha demostrado que fue un acto vandálico, un robo de cable de los que habitualmente se producen.
Finalmente, el "incidente" de los sobres, aquel con balas que recibió Pablo Iglesias, y el de la navaja que llegó a Reyes Maroto, difundido a bombo y platillo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para generar la idea de una conspiración ultraderechista contra el Gobierno, también resultó ser un fiasco. En un caso, nunca se investigó por falta de pruebas, y en el otro, se trató de un señor mayor con problemas mentales. El Gobierno tampoco rectificó.
Es comprensible que, en el fragor de la actualidad, todos podamos equivocarnos. Podríamos haber pensado que el apagón era un hackeo, que lo de los trenes era algo más que un robo, o que las cartas enviadas a políticos escondían una amenaza real. Pero la diferencia fundamental es que a los medios de comunicación se nos exige rectificar, incluso en casos donde la ley nos obliga a publicar rectificaciones de artículos de opinión, como si alguien tuviera derecho a rectificar la opinión de otra persona, algo francamente inconcebible. O publicamos rectificaciones que nada rectifican al meollo de la noticia, y son solo una versión autodefensiva del aludido.
Mientras los periodistas que firman una noticia, si se han equivocado, admiten su error y lo publican, en la mayoría de los casos, tenemos un Gobierno que, o bien genera noticias falsas, o bien se hace eco de ellas sin rubor, y es incapaz de rectificar incluso ante la evidencia.
En esta "guerra" que el Gobierno parece querer establecer contra los "pseudomedios", nos podemos acabar encontrando que éste se vea obligado a autoilegalizarse.
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