Las subdelegaciones del Gobierno, en las ocho provincias andaluzas, informarán y tramitarán “con la máxima rapidez y eficacia” las ayudas destinadas a los beneficiarios de los 7.000 millones de euros, dispuestos por el Gobierno de España para paliar los efectos del temporal.
El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha detallado que el plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses y que para agilizar la tramitación “se reforzará el personal encargado de la gestión de subvenciones, especialmente en las provincias con mayores daños, y que, en los casos en los que sea necesario, los funcionarios se desplazarán a los municipios afectados para acercar la administración a la ciudadanía mediante el servicio ‘La Administración cerca de ti’”.
A finales del pasado mes de diciembre, el subdelegado ya visitó en las pedanías de Los Guiraos y Guazamara, en Cuevas del Almanzora, las plantaciones de lechuga, brócoli y coliflor afectadas por las intensas lluvias y el granizo que habían caído en la zona en días previos. Acompañado por el alcalde cuevano, Antonio Fernández Liria, el subdelegado del Gobierno recorrió las fincas afectadas y mantuvo un encuentro con productores para hacer una primera estimación de daños”.
Martín ha destacado la celeridad del Gobierno que ayer en el Consejo de Ministros aprobó medidas y ayudas destinadas para la reconstrucción de los municipios afectados por los temporales de lluvias torrenciales e inundaciones. También ha puesto en valor “el compromiso del Ejecutivo central de poner a disposición todos los recursos necesarios de la Administración General del Estado, así como de acompañar a los ayuntamientos durante todo el proceso de reconstrucción”.
El subdelegado ha explicado que el Real Decreto-ley, que moviliza ayudas y medidas por valor de más de 7.000 millones de euros, tiene como objetivo paliar los efectos del temporal en los municipios afectados de Andalucía y Extremadura. Este paquete de ayudas. que se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil aprobada la semana pasada, contempla un conjunto de ayudas y medidas por las fuertes borrascas que han causado graves daños y el desalojo de miles de personas.
En este sentido, la norma incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a contar desde el inicio de sus desalojos. A modo de ejemplo, un hogar de cuatro miembros que haya sido desalojado diez días percibirá 6.000 euros, y la compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.
El Real Decreto-ley cuadruplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley para los afectados por fallecimiento, hasta 72.000 euros, e incapacidad, daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. En concreto, la indemnización por destrucción total de la vivienda se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. El Ejecutivo elimina los umbrales de renta para el acceso a ayuda en el caso de daños o destrucción en las viviendas.
Además, se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.
El texto normativo incluye también un plan de ayudas a los ayuntamientos, dotado con un fondo de 2.000 millones para actuaciones inaplazables de reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales, con la posibilidad de anticipar el 100% de su importe. Además, se flexibiliza la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas, también se les permitirá usar su superávit de 2025, y se amplían los plazos legales para la ejecución de las obras de reconstrucción. A su vez, se impulsará un Plan de Empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.
Asimismo, ha informado sobre las medidas fiscales previstas en el Real Decreto-ley, que tendrán un impacto de 320 millones de euros. Estas medidas contemplan exenciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y el Impuesto sobre Actividades Económicas en las zonas afectadas, así como ayudas directas a las actividades económicas, especialmente en los sectores de la hostelería y el comercio minorista.
El texto normativo incorpora, además, un amplio paquete de medidas específicas para el sector primario, que supera los 2.800 millones de euros, destinado a paliar las pérdidas sufridas en la agricultura, la ganadería y la pesca. Entre ellas se incluyen ayudas directas por pérdida de renta, subvenciones adicionales a los titulares de seguros agrarios y a los armadores afectados, que suman 2.174 millones de euros, así como una línea de financiación con condiciones especiales que cubrirá parte del principal de los créditos y el coste de los avales para agricultores y pescadores. Asimismo, los temporales se consideran causa de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de determinadas obligaciones, como las derivadas de la Política Agraria Común.
En materia de infraestructuras, la norma prevé actuaciones de reparación de caminos e infraestructuras agrarias y de regadío a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa, con una dotación de 600 millones de euros. A ello se suma otro paquete de ayudas destinado a la reparación de cauces fluviales y costeros, así como a infraestructuras hidráulicas municipales, abastecimientos y playas, además de la reconstrucción de las redes de carreteras del Estado y de las infraestructuras ferroviarias dañadas.
Por otro lado, Martín ha señalado que la norma incorpora igualmente medidas laborales y de Seguridad Social dirigidas a proteger a trabajadores, autónomos y empresas afectadas por las inundaciones. Entre ellas se encuentra la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos, exenciones y moratorias en las cotizaciones a la Seguridad Social, la activación de los ERTE por causa de fuerza mayor y la exención total de cotizaciones sociales para las empresas y autónomos con actividad suspendida o reducida, junto con la prohibición de despidos en las empresas beneficiarias.
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