El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una orden contundente dirigida a la administración local de Carboneras, en la provincia de Almería, exigiéndole finalizar el trámite para invalidar de forma definitiva la autorización de edificación del polémico complejo hotelero de El Algarrobico. Las autoridades municipales disponen de un plazo máximo que no superará las tres semanas para dar cumplimiento a esta resolución, un escenario que sitúa de nuevo la gestión urbanística de la costa de Almería en el foco de la actualidad regional.
El dictamen judicial apremia de manera directa al regidor de la localidad, Salvador Hernández, para que concluya de oficio la revisión del expediente que otorgó los derechos de construcción a la firma promotora a principios del año 2003. Desde los órganos judiciales se ha advertido con claridad de que el desacato de esta instrucción facultará la activación de los mecanismos legales de ejecución subsidiaria. Esto implicaría que las instancias superiores asumirían de forma directa las competencias necesarias para materializar el fallo, al margen de las sanciones adicionales contempladas en la normativa vigente.
La postura del tribunal fuerza al Consistorio a someter la propuesta a debate en una nueva sesión plenaria sin opción a dilaciones motivadas por dictámenes complementarios. La anterior convocatoria se estancó tras la solicitud de diversos ediles vinculados al PSOE y concejales independientes, quienes demandaban estudios sobre las posibles reclamaciones financieras y la responsabilidad patrimonial que la empresa constructora pudiera exigir al municipio.
Esta parálisis administrativa fue comunicada formalmente al tribunal mediante el envío del acta de la sesión celebrada a mediados de junio. En dicho documento se constató que la votación para anular la licencia fue pospuesta a raíz de la petición de un representante independiente que contó con el respaldo de una antigua integrante del PP y de cinco representantes socialistas, cuya acción derivó en una suspensión provisional de su militancia política. El alcalde, que lidera la corporación en minoría, respaldó junto a los miembros del PP la nulidad inmediata, desvinculándose de la maniobra de aplazamiento.
La situación ha provocado la reacción coordinada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, colectivos ecologistas y la propia Junta de Andalucía, personados en la causa, quienes reclamaron la intervención forzosa de la justicia. Mientras la administración central abogaba por otorgar una última oportunidad mediante la convocatoria de un pleno extraordinario instando al consenso de las fuerzas políticas, la representación autonómica y las organizaciones ambientales han solicitado medidas drásticas que impidan nuevos retrasos en un proceso que se prolonga desde la sentencia original de 2021.
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