El pasado 6 de diciembre, mientras la mayoría nos concentrábamos en digerir el puente festivo o, con suerte, algo de turrón, la presidenta del Congreso de los Diputados,
Francina Armengol (PSOE), nos dejó una perla que resonó con la sutileza de un trueno en plena siesta almeriense. En su discurso por el Día de la Constitución Española, mencionó la necesidad de
"actualizar la Constitución para atender a la realidad territorial" del Estado.
Una frase pulcra, aséptica, políticamente correcta. Pero en Andalucía, esa oración tiene el mismo regusto amargo que un café recalentado: suena a hurto. Suena al inicio de la operación de ingeniería jurídica y política diseñada para robar el espíritu de otro día, el 4 de diciembre de 1977.
Conviene recordar para aquellos que tienen la memoria selectiva o simplemente viven al día: el 4 de diciembre de 1977, casi un año antes de que la Constitución fuese aprobada en referéndum, casi dos millones de andaluces salimos a la calle. Lo hicimos para exigir una autonomía plena, en pie de igualdad con las "nacionalidades históricas" ya reconocidas o aspirantes a ello, léase Cataluña y el País Vasco.
No pedimos un favor. Exigimos un derecho, y lo conseguimos: primero en la calle y después en las urnas, siguiendo la senda del famoso artículo 151 de la Carta Magna. Logramos el mismo nivel competencial. En definitiva, le dimos al resto de España una lección de cohesión. El efecto fue el de aquella hormiga que se pone de puntillas y mira a los ojos al elefante, demostrando que en el sur también sabemos organizarnos y pelear por lo nuestro con rigor y con la ley en la mano.
Y ahí radica el problema: parece que no nos lo han perdonado.
Cada cierto tiempo, invariablemente coincidiendo con ciclos políticos donde se necesitan apoyos en el Congreso a precio de oro, se abre este melón. Siempre es la misma cantinela: "adaptar la Constitución a la realidad territorial".
La pregunta, que bien podría titular un nuevo episodio de misterio andaluz, es: ¿En qué consiste esa realidad territorial que exige la "actualización"?
Seamos honestos y quitémonos la capa de eufemismos. La "realidad territorial" a la que se alude con tanta ligereza no es otra cosa que el eterno lamento de aquellos que se creyeron predestinados a tener privilegios, a ser tratados con alfombra roja y distinción. Catalanes y vascos, o al menos parte de sus élites políticas, vieron cómo la aspiración de ser el club privado de los territorios con derechos especiales se esfumaba cuando la ciudadanía de Andalucía logró exactamente lo mismo, por la vía democrática y sin atajos. Y ojo, que nos lo debían, que nuestra autonomía debía entrar en las Cortes justo tras aquel fatídico verano de 1936, y hubiésemos entrado en el famoso club de las "históricas". No habernos aceptado de entrada suponía validar el franquismo y su golpe de Estado.
La adaptación, en la práctica, se traduce en desigualdad. Significa, por ejemplo, negociar condonaciones de deuda o modelos de financiación ad hoc que perpetúan una asimetría clara de trato y recursos. No será una reforma del Título VIII de la Constitución, será una cascada de leyes, reglamentos y acuerdos bilaterales que, al final del día, acaben por laminar las competencias y el músculo financiero de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un robo por la puerta de atrás.
El Partido Popular, tanto en la oposición en el Estado como en el Gobierno de la Junta con Juanma Moreno, ha mantenido hasta ahora una postura clara de no aceptar esta "humillación".
Pero, ¿qué tiene que decir el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) sobre las palabras de su compañera de partido, Armengol? ¿Pedirá la Secretaria General del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que se aclare exactamente a qué se refiere la Presidencia del Congreso con esa "realidad territorial" si no es a instaurar privilegios para el Norte? ¿Van a consentir desde San Vicente que se descapitalice, se humille o se relegue la autonomía por la que ellos mismos pelearon?
La respuesta es crucial, porque la defensa de la autonomía andaluza no entiende de siglas políticas, ni de bandos. Como en 1977, la vigilancia debe ser transversal. Desde el espectro de la izquierda al de la derecha, todos los andaluces debemos estar prevenidos y listos para frenar los pies a esta nueva versión del centralismo, envuelta ahora en un papel de regalo llamado "adaptación".
Lo lamentable es que probablemente el eje no sea Andalucía vs "Políticos-de-arriba-de-Despeñaperros" como en 1977, sino el eje Izquierda/Derecha, con una izquierda sumisa al PSOE, que a su vez será sumiso a las élites catalanas y vascas, ellas sí jugando en el eje Cataluña-Euskadi vs "Políticos de fuera".
Lo que se ganó en la calle un 4 de diciembre y se ratificó en las urnas, no vamos a permitir que se hurte con retórica parlamentaria. La igualdad de Andalucía no se negocia.
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