Alarma en el campo de Almería por el rechazo europeo a mitigar el encarecimiento de fertilizantes

El sector primario, de vital importancia para la provincia de Almería, encaja con severa preocupación el veto del Parlamento Europeo a la enmienda que planteaba activar salvaguardias temporales para los fertilizantes. La organización agraria ASAJA ha calificado de desacertada la votación sobre la reforma del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, advirtiendo de las consecuencias directas que tendrá sobre las explotaciones en un escenario ya castigado por la inflación de costes, las incidencias climáticas y las tensiones geopolíticas.

Ante el escenario abierto tras la decisión de la Eurocámara, la entidad reclama que el artículo 27a sea recuperado durante la fase de negociación de los trílogos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Esta norma, respaldada inicialmente por los Estados miembros, permitiría articular respuestas rápidas ante subidas desmedidas de precios o desequilibrios en los mercados. Desde el colectivo profesional se subraya que los esquemas de compensación a posteriori no solucionan la falta de liquidez inmediata del agricultor.

El origen del problema radica, según la organización, en la carga económica que impone el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión a los fabricantes europeos de abonos. Este marco normativo merma la competitividad de las plantas de producción comunitarias frente a terceros países, desembocando en una escalada de precios que finalmente repercute de forma directa en la cuenta de resultados de las explotaciones agrarias en la Comunidad andaluza y en todo el país.

Coincidiendo con los debates políticos en la Unión Europea, el sector insta a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, a situar como prioridad la exención o eliminación de las cargas energéticas y regulatorias del sistema de emisiones que asfixian a la industria proveedora. ASAJA recuerda que los fabricantes de insumos y los productores agrícolas forman parte de un mismo engranaje, por lo que debilitar a la industria de los fertilizantes termina poniendo en riesgo el abastecimiento a precios asumibles, la estabilidad del consumidor final y la soberanía alimentaria del Estado.