Las reformas en materia tributaria impulsadas en los últimos años han generado un impacto económico directo y tangible para los ciudadanos de la provincia de Almería. Según los últimos datos fiscales cerrados, los contribuyentes almerienses han logrado un ahorro anual de 132 millones de euros gracias a las siete bajadas de impuestos aprobadas de forma consecutiva. Esta cifra representa el montante que los habitantes de la provincia habrían tenido que abonar de más en el último ejercicio si se hubiera mantenido el marco fiscal vigente en el año 2018. A nivel autonómico, el ahorro global para el conjunto de la comunidad asciende a 1.794,2 millones de euros, consolidando una estrategia de reducción de la carga impositiva que busca dinamizar la economía doméstica y el consumo.
El desglose de este ahorro en Almería muestra una incidencia significativa en diversos tributos clave para la economía familiar y empresarial. En concreto, los almerienses han dejado de pagar 38 millones de euros en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), mientras que el ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se cifra en 36,2 millones de euros. Por su parte, la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) ha supuesto un alivio de casi 50 millones de euros para las familias de la provincia, a lo que se suman otros 8,5 millones de euros correspondientes al Impuesto sobre el Patrimonio. Estas cifras forman parte de una estimación técnica realizada por la Dirección General de Tributos y la Secretaría General de Hacienda de la Junta de Andalucía, basada en las autoliquidaciones de los ejercicios cerrados entre 2023 y 2025.
La magnitud de estas medidas se refleja también en el volumen de población beneficiada dentro de la geografía almeriense, donde un total de 437.767 contribuyentes han aplicado alguna de las reducciones fiscales en sus declaraciones o autoliquidaciones. El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Guillermo Casquet, ha subrayado que estas acciones están diseñadas primordialmente para apoyar a las familias de rentas medias y bajas, facilitando aspectos fundamentales como el acceso a una vivienda digna o la preservación del legado familiar. En el conjunto del territorio autonómico, los beneficiarios superan los 4,7 millones de personas, una cifra que evidencia la transversalidad de una política fiscal que busca situar a esta tierra entre las comunidades con menor presión tributaria del Estado español.
En el análisis pormenorizado del ahorro acumulado en toda Andalucía, destacan los 494,2 millones de euros en ITPAJD y los 651,6 millones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de los cuales 222,4 millones corresponden a Sucesiones y 429,2 millones a Donaciones. El IRPF ha supuesto un ahorro de 480,8 millones de euros, una cifra que previsiblemente aumentará tras la incorporación de las nuevas deducciones aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026. Estas nuevas medidas, que ya están en vigor, tendrán un impacto estimado adicional de 62,6 millones de euros en la próxima declaración de la renta, reforzando el compromiso de la administración con la liquidez de los ciudadanos.
Desde el Gobierno autonómico se defiende que este cambio de modelo responde al cumplimiento de los compromisos electorales asumidos en las legislaturas de 2018 y 2022. Guillermo Casquet ha recordado que el objetivo principal ha sido revertir lo que calificó como un escenario de alta presión fiscal previo a 2019. Según el delegado, mientras que en etapas anteriores el PSOE utilizó las competencias normativas para incrementar la carga impositiva, la gestión actual del PP se ha centrado en utilizar esas mismas herramientas para reducir los impuestos. Esta estrategia, insisten desde la administración, no solo alivia el bolsillo de los ciudadanos en Almería, sino que actúa como un incentivo para la inversión y el asentamiento de población en la provincia.