Almería, en vilo ante el vuelco de la UE a las normas del sector ecológico

Las nuevas directrices respaldadas por el Parlamento Europeo para regular el sello ecológico comunitario amenazan con sacudir con fuerza el sector agrícola de Almería. Al ser la provincia con el mayor volumen de productores bío de toda la comunidad, cualquier endurecimiento o reconfiguración de las exigencias del mercado coloca al campo almeriense ante un desafío directo, donde el impacto de las nuevas reglas de juego impuestas desde Bruselas se sentirá con especial intensidad debido a la enorme dimensión de su tejido rural.

La reforma estructural aprobada en las comisiones europeas busca vigilar con lupa las importaciones procedentes de fuera de las fronteras comunitarias. La nueva regulación exigirá controles mucho más severos y un estricto principio de equivalencia para aquellos productos extranjeros que quieran lucir el logotipo de calidad de la Unión Europea. Además, las restricciones afectarán de lleno a la elaboración de alimentos procesados dentro del espacio común, donde la presencia de ingredientes ecológicos que vengan de terceros países no podrá superar el cinco por ciento si se quiere conservar el distintivo bío oficial.

Este giro normativo llega en un momento delicado para el campo, y muy especialmente para la provincia. Según las últimas estadísticas oficiales que gestiona la Junta de Andalucía, Almería lidera de forma indiscutible el censo de productores ecológicos con 4.670 profesionales registrados, situándose por delante de Granada y Córdoba. Con un peso tan masivo en el sector, las nuevas trabas y requisitos de control suponen una prueba de fuego para la competitividad de la producción local. A nivel regional, el ecosistema bío cuenta con cerca de 22.000 operadores y un centenar de empresas importadoras certificadas, un escenario donde Málaga concentra el grueso de la actividad comercializadora exterior y el territorio almeriense alberga diez de estas firmas.

La presión sobre el sector se incrementa si se tiene en cuenta la tendencia reciente de la agricultura ecológica en el sur de España, que ha visto reducir su superficie cultivada por segundo año consecutivo. El pasado ejercicio se cerró con algo más de 1,4 millones de hectáreas útiles, lo que supuso una pérdida de terreno debido al retroceso en áreas de pastos y cereales, aunque cultivos de alto valor como el olivar y los frutales subtropicales lograron mantener un comportamiento positivo. En contraposición a esta pérdida de suelo, la industria agroalimentaria bío ha mostrado fortaleza con un incremento en sus instalaciones de procesado y plantas de envasado hortofrutícola, un entramado fabril que ahora deberá adaptarse contrató a las exigencias que entrarán en vigor a finales de año.

Como contrapeso a las restricciones internacionales, la nueva propuesta europea contempla un margen de maniobra específico destinado a los pequeños comercializadores que venden directamente al consumidor sin recurrir a productos envasados. Para evitar que la inflación y el incremento de los costes de producción terminen expulsando a los agricultores más modestos del sistema, las autoridades europeas han decidido elevar el umbral de facturación anual permitido hasta los 25.000 euros y duplicar el volumen de ventas autorizado para operar sin la certificación obligatoria más compleja, una medida diseñada para dar algo de oxígeno a los pequeños negocios tradicionales del entorno rural.