Esta misma semana hemos asistido en la provincia de Almería a dos intervenciones políticas de un valor didáctico incalculable para conocer como funcionan los fondos europeos. Entre ambas han dejado al descubierto, sin necesidad de maquillajes ideológicos, la distancia sideral que separa la eficacia gestora de la Junta de Andalucía de la parálisis del Gobierno central, ese que presume de no tener ni necesitar Presupuestos Generales. Lo interesante del caso es que el mapa de esta disparidad nos lo ha dibujado, involuntariamente, la propia oposición socialista municipal.
Todo ocurrió durante el último Pleno del Ayuntamiento de Almería. El concejal Raúl Enríquez, del Grupo Municipal Socialista, se vino arriba en una intervención y desplegó un vistoso catálogo de inversiones ejecutadas en el municipio. Con tono de balance triunfal, Raúl Enríquez atribuyó los logros directamente a la gestión del Gobierno central que encabeza Pedro Sánchez. Sin embargo, en un arrebato de transparencia —o en un despiste propio del entusiasmo electoralista—, el edil remató su intervención reconociendo el detalle crucial: reconociendo que todo el dinero procedía, en realidad, de la Unión Europea.
Añadió Raúl Enríquez que el Partido Popular había acudido a Bruselas a pedir que no se concedieran esos fondos, que fue la única falsedad del edil. En realidad, los populares fueron a la UE a pedir que no se dejara en manos del Gobierno central la supervisión de los proyectos, sino de una entidad independiente, pero los socialistas fueron salvados por el voto de Vox cuando el asunto llegó al Congreso. Esto último tampoco lo dijo el concejal.
Al margen de la consigna de partido, lo significativo de la confesión del concejal del PSOE es el dato incontestable: las obras no se pagaron con recursos del Estado, sino con euros comunitarios. Esa misma Unión Europea de la que tanto reniegan las facciones de ultraderecha, a las que daría cierto morbo ver gobernando algún día sin el salvavidas financiero que llega desde Bruselas.
Casi en paralelo, con el Cable Inglés como fondo, la candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, puso el dedo en la otra mitad de la llaga. Carmen Crespo denunció el ingente volumen de Fondos Europeos que el Estado ha tenido que devolver a Bruselas tras ser incapaz de invertirlos. Hablamos de recursos vitales para una provincia necesitada de infraestructuras como Almería: proyectos de agua, desalación, depuración y la friolera de 2.000 millones de euros devueltos en el capítulo del Corredor Mediterráneo.
Para captar la ironía del asunto basta con explicar la mecánica real de estos fondos. Cuando en la provincia de Almería se levanta una promoción de vivienda protegida o se ejecuta una obra pública promovida por la Junta de Andalucía o por el propio Ayuntamiento de Almería, ¿quién pone el dinero y quién trabaja? La financiación la aporta la Unión Europea. La redacción del proyecto, el diseño técnico, la licitación, la contratación y el seguimiento a pie de obra los ejecuta la Comunidad Autónoma de Andalucía o la administración local. ¿Y cuál es la aportación del Estado? Ejercer de ventanilla administrativa: comprobar que el expediente cumple los requisitos de Europa, ponerle el sello de conformidad y liberar el pago. El Gobierno central no pone un euro de su bolsillo, ni redacta un proyecto, ni licita un solo contrato.
El hecho es que como las administraciones también deben poner fondos propios, y el Gobierno no tiene PGE, muchas inversiones no pueden ser realizadas porque no pueden aportar nada.
Si la Comunidad Autónoma de Andalucía capta y ejecuta volúmenes récord de inversión no es porque Pedro Sánchez nos tenga cariño, sino porque los equipos técnicos autonómicos y municipales presentan proyectos bien estructurados, viables y amoldados a las exigencias normativas de Bruselas. En cambio, cuando es el propio Estado el que debe asumir el peso de proyectar y ejecutar competencias directas con dinero comunitario, salta la alarma: la maquinaria ministerial se atasca y el dinero termina devuelto a Europa.
El concejal Raúl Enríquez ha terminado regalando a los almerienses la mejor lección de economía pública del año: cuando el proyecto lo firman y ejecutan las administraciones autonómica o municipal, el dinero europeo se convierte en ladrillos y tuberías; cuando la gestión depende de la agilidad del Gobierno, los presupuestos acaban en billetes de vuelta camino de Bruselas.
