La capital almeriense ya tiene Plan Territorial de Emergencia Local, una normativa obligatoria por parte de la Junta de Andalucía, y que se ha echado especialmente en falta en muchos municipios andaluces a raíz de los últimos problemas meteorológicos, porque a los ayuntamientos les ha pillado en pleno proceso de elaboración.
El de la capital establece cómo deben coordinarse los servicios municipales, otras administraciones y entidades públicas o privadas ante situaciones de crisis. Este extenso documento de ciento veinte páginas, cuyo estado de elaboración figura como copia, reúne un análisis detallado del territorio y sus riesgos, delineando una estructura de respuesta desde la preemergencia hasta la recuperación. El ámbito de actuación abarca sucesos que no estén declarados de interés para el Estado español ni sean competencia directa de la administración autonómica, incluyendo eventos iniciados en términos colindantes que pasen a ser responsabilidad de Almería. El texto atribuye la elaboración al Servicio Local de Protección Civil, la aprobación al Pleno municipal y la homologación a la Comisión Autonómica de Protección Civil, integrándose con el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.
La radiografía territorial presenta a Almería como un municipio de más de doscientos noventa y tres kilómetros cuadrados, dotado de treinta y cinco kilómetros de costa. Su relieve combina lomas, barrancos y ramblas, abarcando desde la zona de Cabo de Gata hasta El Puntazo, superando el camping de La Garrofa. Geográficamente, el término se encaja entre las sierras de Cabo de Gata, Alhamilla y Gádor, teniendo como techo altitudinal El Colativí, con mil trescientos ochenta y siete metros, seguido del Cerro del Oro y el Cerro del Puntal. La delimitación incluye una vasta porción del Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de Gata-Níjar, con treinta y ocho mil hectáreas terrestres y doce mil marinas, sumando además la isla de Alborán, situada a unas cincuenta millas náuticas.
Demográficamente, el municipio alcanza los doscientos seis mil doscientos treinta y seis habitantes en el horizonte de este próximo año, mostrando variaciones estacionales en verano, Semana Santa y la Feria. La mayoría de la población reside en el núcleo urbano central, aunque destacan asentamientos periféricos muy poblados como Retamar-Toyo, La Cañada de San Urbano y El Alquián.
El análisis de vulnerabilidad presta especial atención a la red viaria y los cauces hídricos, identificando las ramblas de las Higueras, Morales, Amoladeras, Del Agua, Del Puente de la Quebrada, Honda y Belén. Las lluvias torrenciales amenazan con cortar conexiones hacia Costacabana, Retamar y Cabo de Gata, especialmente en tramos sin obras de fábrica. Precisamente, las inundaciones reciben una calificación de riesgo alto debido a los desbordamientos del río Andarax y las citadas ramblas, eventos que históricamente han aislado barriadas como Cabo de Gata y Pujaire y provocado daños residenciales y agrícolas. Aunque existen muros de defensa desde El Puche hasta la desembocadura y encauzamientos subterráneos en Amatisteros y Belén, el plan advierte sobre el mal estado de algunos portones de riego en las boqueras del Andarax por la falta de una comunidad de regantes que los mantenga. En este contexto, la elaboración de un plan local específico ante inundaciones figura como una prioridad pendiente.
El riesgo sísmico comparte esa calificación de nivel alto, justificándose por la fricción entre las placas Euroasiática y Africana. El documento traza un periodo de retorno de cien años para los sismos y detalla un histórico de temblores severos que abarcan desde el año trescientos sesenta y cinco hasta el mil novecientos treinta y dos, pasando por fechas críticas como mil quinientos veintidós y mil ochocientos ochenta y cinco. Para hacer frente a esta amenaza, se encuentra en fase muy avanzada un Plan Especial de Emergencia ante Riesgo Sísmico, apoyado en un convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos para catalogar la vulnerabilidad de los edificios públicos. Del mismo modo, alcanzan la categoría de riesgo alto los accidentes de transporte antrópicos.
En el plano viario, se señala la intensidad de tráfico en las carreteras principales, recordando que a nivel provincial se registran unos veintisiete fallecimientos anuales. Esta catalogación se extiende a los siniestros marítimos a lo largo del litoral, a los ferroviarios por la estación urbana y las obras de soterramiento, y a los aeronáuticos derivados de la actividad aeroportuaria en El Alquián, instalación que realiza simulacros bienales obligatorios. Igualmente, las grandes concentraciones humanas en actos deportivos y lúdicos se consideran de riesgo frecuente.
En un escalón inferior, el nivel medio de peligrosidad agrupa los fenómenos meteorológicos adversos, destacando los vientos violentos con rachas cercanas a los cien kilómetros por hora y las tormentas costeras, cuyos efectos exigen podas y la retirada de elementos expuestos. La contaminación del litoral también supone un riesgo medio, ligada al intenso tráfico de buques en el puerto comercial, la flota pesquera, el sector deportivo y la afluencia turística estival. Por su parte, la sequía, los movimientos de laderas en acantilados occidentales y la rotura de presas obtienen una calificación de riesgo bajo.
En el ámbito tecnológico, la actividad industrial se describe como escasa, concentrada en el Parque Industrial Tecnológico y diversos polígonos, donde dominan la industria manufacturera auxiliar agraria, metalúrgica y química.
El transporte de mercancías peligrosas se considera de bajo impacto por evitar el paso de combustibles por zonas pobladas, al igual que el almacenamiento portuario de sustancias como el nitrato potásico en el muelle de poniente, para el cual existen protocolos preventivos si el viento amenazara la ciudad de Almería.
La estructura organizativa recae sobre la Alcaldía en la Dirección del Plan, con relevo previsto en la Concejalía de Seguridad. Un Comité Asesor prestará apoyo técnico, mientras que el Gabinete de Prensa canalizará la difusión de información oficial. El engranaje central será el Centro de Coordinación de Emergencias Local, situado inicialmente en las dependencias de la Policía Local, que pasará a denominarse Centro de Coordinación Operativa Local al activarse el protocolo. Desde allí se gestionarán los recursos humanos y materiales estructurados en cuatro grupos operativos: Intervención, liderado por extinción de incendios; Seguridad, al mando de la Policía Local; Sanitario, dirigido por Salud y Consumo; y Apoyo Logístico, gestionado por Obras Públicas. Sobre el terreno actuará el Puesto de Mando Avanzado, dirigido por el mayor rango policial o de bomberos, que conectará la zona afectada con los órganos de decisión.
El documento divide la actuación en fases claras, arrancando con la situación operativa cero de preemergencia, activada ante sucesos previsibles o de daños menores. La emergencia plena comienza con la situación uno, gestionada con medios estrictamente locales. Si la gravedad sobrepasa la capacidad de respuesta ordinaria del Ayuntamiento de Almería, la Alcaldía declarará la situación operativa dos, requiriendo medios extraordinarios autonómicos. Entre las medidas protectoras, el texto prioriza el confinamiento poblacional. Si resulta indispensable la evacuación, el plan detalla la habilitación de albergues dotados con servicios esenciales de sanidad, alimentación, descanso e higiene. La fase final de recuperación buscará restablecer los servicios básicos para devolver la normalidad a las áreas damnificadas.
Para garantizar la operatividad de estas directrices, se establece un plazo máximo de implantación de un año tras su aprobación definitiva. Este periodo servirá para constituir los órganos rectores, formar al personal, informar a la ciudadanía y actualizar un exhaustivo Catálogo de Medios y Recursos, responsabilidad de Protección Civil. El engranaje se comprobará mediante la realización de al menos un simulacro anual. Además, los datos del catálogo se actualizarán continuamente con una demora máxima de un mes, y el propio documento marco será sometido a revisión al menos cada cinco años.
El plan prevé la integración armónica de todos los planes de autoprotección privados, asegurando que la infraestructura de Almería funcione como un soporte ágil y complementario ante cualquier crisis territorial.