El Tribunal Supremo ha confirmado de manera definitiva las condenas impuestas a los integrantes de una vasta organización criminal que encontró en la provincia de Almería una infraestructura clave para el blanqueo de capitales obtenidos mediante el tráfico ilícito de droga. Según los hechos probados en la resolución judicial, el entramado liderado por un ciudadano de origen venezolano y un empresario del sector cosmético utilizó una compleja red de sociedades instrumentales para introducir en el tráfico mercantil legal los beneficios derivados de la importación masiva de cocaína y el cultivo de marihuana. La operatividad de esta red tuvo un impacto directo en la localidad de Mojácar, donde una de las mercantiles pantalla, el denominado Grupo Corporativo Bizancio, gestionó al menos tres cuentas corrientes en una sucursal bancaria de la Avenida del Mediterráneo.
A través de estos depósitos en Mojácar, los condenados movieron sumas que superan los dos millones de euros sin que existiera una actividad comercial real que justificase tales flujos de capital. La investigación detallada en la sentencia revela que una de las cuentas recibió más de 1.000.100 euros a través de cheques y pagarés, mientras que en otras dos se detectaron movimientos por valor de 85.825 euros y 541.757 euros respectivamente. Estos fondos, de origen desconocido o procedentes de otras empresas de la trama, permitían a los líderes del grupo mantener un alto nivel de vida en el Estado español, ocultando el rastro del dinero mediante préstamos ficticios entre empresas y ampliaciones de capital simuladas que no respondían a ninguna lógica empresarial.
La ramificación de esta estructura delictiva se extendió a otros puntos del Levante almeriense, destacando la implicación de inmuebles en Garrucha. En concreto, la organización utilizó una vivienda situada en la calle Mayor de este municipio para realizar operaciones de ingeniería financiera, aportándola como ampliación de capital a una de las sociedades instrumentales. La hipoteca que gravaba esta propiedad fue satisfecha con fondos controlados por la organización, lo que demuestra cómo el mercado inmobiliario de la provincia de Almería fue instrumentalizado para consolidar las ganancias delictivas. Asimismo, en el municipio de Vera, se identificó la actividad de la mercantil Fincas y Villas de Vera Al-Andalus, vinculada directamente al gestor financiero del grupo, la cual servía para canalizar transferencias de capital de dudosa procedencia.
La presencia de la red también alcanzó a la capital, ya que otra de las sociedades gestionadas por el administrador de la trama disponía de una cuenta operativa en la Plaza Pedro Gea de Almería. En este depósito se detectaron ingresos injustificados que formaban parte del engranaje diseñado para distanciar el dinero de su origen ilícito. El esquema se completaba con una empresa de transporte y logística específicamente constituida para operar en la zona, lo que evidencia una planificación pormenorizada para asentar la infraestructura del blanqueo en territorio almeriense. Las intervenciones de la policía nacional y la guardia civil permitieron desarticular este entramado que vinculaba el narcotráfico coordinado desde Cataluña con la inversión de capitales en el sureste peninsular.
Con esta decisión, el Alto Tribunal desestima los recursos de casación presentados por los implicados y valida la actuación judicial que puso al descubierto cómo una marca de cosméticos de lujo sirvió de fachada para ocultar los ingresos de la droga. El fallo subraya que los encausados, tras detectar que sus gastos iniciales en bienes de lujo podían atraer la atención de las autoridades, recurrieron al asesoramiento de expertos en ingeniería financiera para abrir las cuentas en Mojácar y Almería, buscando una mayor opacidad. La sentencia definitiva pone fin a un largo proceso judicial y confirma que la provincia fue una pieza fundamental en el engranaje de una de las organizaciones de blanqueo más activas detectadas en España en los últimos años.
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