Aceptemos que la distancia física amortigua el eco de los escándalos. Desde esta esquina de Andalucía, concretamente en la provincia de Almería, donde el viento de poniente suele limpiar el ambiente con cierta eficacia, se observa con una mezcla de asombro y fatiga el esperpento institucional que se cocina a diario en las altas esferas del Estado. La última genialidad de la política contemporánea nos invita a normalizar lo que en cualquier democracia con un mínimo de decoro y pudor provocaría una avalancha de ceses fulminantes. Hablamos, cómo no, de la cúpula de la Guardia Civil y su encomiable e indestructible resistencia a la gravedad ética.
La Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, continúan firmes en sus despachos oficiales como si la tormenta judicial no fuera con ellos. A pesar de las gravísimas imputaciones y de las sospechas que pesan sobre su gestión por presuntas interferencias, ahí siguen, agarrados a la poltrona con el entusiasmo de quien ha encontrado un piso de alquiler chollo en el centro de Madrid. No estamos ante un debate abstracto sobre la "responsabilidad política", ese concepto gaseoso que los portavoces usan para rellenar minutos en las ruedas de prensa; estamos hablando de pura higiene operativa y de respeto elemental a una institución benemérita.
La paradoja roza el absurdo kafkiano cuando se analiza el papel de la Unidad Central Operativa (UCO). Los agentes de esta unidad, que se están dejando la piel investigando las ramificaciones de la corrupción que salpican directamente al entorno familiar y político del mismísimo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentran ahora mismo en una situación delirante. Tienen la obligación estatutaria de seguir reportando sus avances, sus pesquisas y sus hallazgos más sensibles precisamente a aquellos superiores que están siendo investigados por intentar torpedear, filtrar o desactivar esas mismas líneas de investigación. ¿Con qué seguridad jurídica, con qué tranquilidad constitucional pueden operar los agentes si saben que el informe que redacten por la mañana terminará en la mesa de un jefe puesto en entredicho por la autoridad judicial por la tarde?
Mantener esta anomalía en el organigrama del Estado no es un descuido administrativo; es una flagrante declaración de intenciones. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consumado especialista en mirar hacia el infinito con una solemnidad pasmosa, se niega en redondo a firmar una destitución que es de cajón, aunque fuera con un carácter preventivo o temporal. Mientras tanto, el propio Pedro Sánchez bendice el enroque con su apoyo explícito, convirtiendo la permanencia de estos altos cargos en un preocupante ejercicio de complicidad institucional. No exigir la dimisión o no ejecutar el cese inmediato en estas circunstancias desborda cualquier límite tolerable y transforma el principio de autoridad en una broma de mal gusto. Una contradicción insostenible que, vista desde la sensatez de esta provincia, no hay invernadero que la resista ni capa de plástico que la oculte.
Agenda
