El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revisado la condena de un hombre implicado en un caso de inmigración irregular y tráfico de drogas, ocurrido en 2023 cerca de la Isla de Alborán (Almería). La sentencia, emitida este jueves, mantiene la mayoría de las penas pero introduce ajustes tras analizar las circunstancias del viaje y la intencionalidad de las lesiones durante la interceptación militar.
Según los hechos probados, el acusado, un ciudadano marroquí en situación irregular, organizó en mayo de 2023 el traslado clandestino de 22 personas —incluido un menor— desde África hasta España. La travesía se realizó en una embarcación semirrígida de 13 metros de eslora, equipada con cuatro motores fueraborda de alta potencia, pero sin condiciones mínimas de seguridad: carecía de chalecos salvavidas, sistemas de comunicación, bengalas o equipos contra incendios. La nave, diseñada para trayectos costeros cortos, sobrepasó su capacidad al transportar a 23 ocupantes, 20 garrafas de combustible y tres de aceite, y afrontó vientos de hasta 33 nudos y olas de 2,5 metros en plena noche, sin más herramientas de orientación que un compás magnético y un GPS inoperativo.
El viaje culminó al encallar en el muelle de poniente de la Isla de Alborán al amanecer del 22 de mayo de 2023, donde fue interceptada por efectivos del Tercio Sur de la Armada, unidad militar con base en San Fernando (Cádiz). Durante el operativo, el acusado intentó huir acelerando los motores y empujó al agua a un cabo del Ejército que trataba de abordar la embarcación. El militar, que vestía uniforme e identificación reglamentaria, sufrió politcontusiones en el brazo izquierdo al golpearse contra el casco. Un segundo soldado resultó lesionado en la rodilla durante el forcejeo posterior para reducir al acusado, quien también portaba casi 200 gramos de resina de cannabis y 23 gramos de cocaína de alta pureza.
La sentencia ratificó la condena por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (6 años de prisión) y atentado a agente de la autoridad (1 año y 9 meses), basándose en que el acusado actuó como patrón de la embarcación, desobedeció órdenes militares y puso en riesgo "extremadamente grave" la vida de los ocupantes. No obstante, el tribunal absolvió al implicado de una de las lesiones leves al considerar que la contusión en la rodilla del segundo militar fue fortuita, producto de una caída durante el forcejeo y no de un acto intencional.
En cuanto al tráfico de drogas, el TSJA eliminó la agravante de utilizar la embarcación como "medio específico" para el narcotráfico, al no probarse que este fuera su fin principal. La pena se redujo de 7 a 3 años de prisión, aunque se mantuvo una multa de 50.000 euros. La sentencia también ordenó el decomiso de la embarcación, las drogas y material logístico intervenido —incluidos teléfonos satelitales y GPS—, así como el pago de 280 euros de indemnización al militar empujado al agua.
El fallo, que recalca la peligrosidad de la travesía y la responsabilidad del acusado como organizador, cerró sin imponer costas al recurrente por ausencia de temeridad. La resolución subraya los desafíos probatorios en casos que mezclan migración irregular y narcotráfico, donde la intencionalidad y los detalles técnicos suelen marcar la diferencia entre condenas agravadas y básicas.
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