La situación del mercado de trabajo en la provincia de Almería ha centrado la jornada reivindicativa de la coalición Por Andalucía, cuya representante, María Jesús Amate, ha puesto el foco en la alarmante "precariedad laboral" que atraviesa el territorio. Tras un encuentro con representantes sindicales de Comisiones Obreras, la formación ha alertado sobre la existencia de diez convenios colectivos bloqueados, una cifra que, según denuncian, lastra el bienestar de miles de familias almerienses.
La candidata ha desgranado la realidad de estos marcos regulatorios, señalando que, mientras dos se mantienen en prórroga, existen otros ocho que carecen actualmente de cualquier tipo de interlocución. Entre los sectores más afectados, Amate ha hecho especial hincapié en el manipulado de alimentos, una actividad estratégica para la economía local que se encuentra en un limbo negociador. Esta "parálisis" se traduce, a juicio de la coalición, en condiciones de vulnerabilidad para los operarios del sector.
Uno de los puntos más críticos expuestos ha sido el agravio comparativo que sufren los trabajadores de la provincia respecto a otros puntos de la geografía andaluza. La formación ha denunciado que el lugar de residencia está marcando la cuantía de las nóminas, llegando a detectar diferencias de hasta 500 euros mensuales entre los sueldos percibidos en Almería y los que se pagan en Málaga por tareas similares. "No puede ser que, según la provincia en la que nazcas, tu salario dependa del convenio de tu provincia", ha sentenciado Amate.
Ante este escenario, la formación política ha planteado la necesidad de incrementar significativamente la presencia de la inspección laboral. El objetivo es erradicar lo que califican como "fraude" y poner fin a situaciones de abuso que se han cronificado tanto en la hostelería como en la agricultura. Por Andalucía busca que la región deje de estar a la cola en retribuciones y se convierta en un espacio de empleo digno y blindado legalmente.
La crítica también se ha extendido a la gestión de la Junta de Andalucía en relación con la sanidad privada. Según la coalición, centros que operan con financiación pública mantienen a sus plantillas en condiciones precarias, una actitud que consideran intolerable dado el origen de sus recursos. Por ello, han instado al Gobierno andaluz a ejercer sus competencias de control para garantizar que los fondos públicos se traduzcan en una atención de calidad y en derechos laborales consolidados.
Como hoja de ruta para la próxima legislatura, la candidatura se compromete a trasladar a la cámara autonómica iniciativas que fomenten la soberanía alimentaria, el apoyo al comercio local y una transición energética equitativa. La meta final es asegurar que el crecimiento económico de la provincia repercuta directamente en la mejora de la calidad de vida de toda la población almeriense.
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