Supongo que, si usted, autónomo o pyme de la provincia de Almería, tiene que ingresar en el banco 4.000 euros en metálico, la entidad no tardará en preguntarle de dónde sale ese dinero. Si pretende pagarle una liquidación de gastos a un empleado por encima de ciertos límites, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) le echa el aliento en la nuca. La Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal redujo el límite general para pagos en efectivo en operaciones con empresarios o profesionales a 1.000 euros (antes 2.500 euros) para residentes fiscales en España. No solo eso. En breve, la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022) obligará a la facturación electrónica generalizada, con el objetivo (loable, dicen) de que Hacienda reciba de forma automática todas las facturas que emitimos. Más control, más trabajo y más burocracia para quien ya va asfixiado.
Justo en este contexto de apretón fiscal, nos topamos con las revelaciones sobre presuntos pagos en efectivo realizados en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relacionadas con el exministro José Luis Ábalos, han sacado a la luz la existencia de presuntos reembolsos de gastos y otros pagos en metálico en la cúpula del partido.
Y aquí viene lo mejor, el “¡zasca!” del día. El presidente del Estado, Pedro Sánchez (y, a la vez, secretario general del PSOE), no tuvo reparos en reconocer que él también pudo haber cobrado dinero en efectivo en la sede de Ferraz. Su justificación, que pasará a los anales de la política española por su minimalismo ético, fue: “Lo importante es que sea legal”.
¿Legal? ¡Caray! Es la palabra comodín que todo lo absuelve. Cuando la misma persona que impulsa el máximo control fiscal sobre cada euro que entra o sale de la caja de una empresa o un autónomo almeriense, justifica sus propios cobros en metálico con un escueto "es legal", la ironía alcanza niveles estratosféricos.
El problema no es solo que el presidente del Gobierno del Estado se haya podido embolsar unas "lechugas" (como se conoce jergalmente al dinero en efectivo en ciertos ambientes) en la sede de su partido, algo que él defiende como liquidaciones de gasto comunes. El problema es la aplicación selectiva del rigor.
Si la AEAT de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de cualquier parte de España persigue con celo a las empresas por un pago de 1.200 euros en cash (porque excede el límite de 1.000 euros), ¿cómo encaja que el máximo representante político defienda la legalidad de los pagos en efectivo en un contexto que, al menos, levanta sospechas y requiere de una justificación transparente más allá del mero tecnicismo?
El mensaje que llega a los ciudadanos y empresarios de la provincia de Almería es demoledor:
Para mí (el poder): El dinero en efectivo es una herramienta legal y habitual para liquidaciones. No hay problema si lo hago yo o mi partido.
Para ti (el ciudadano): El dinero en efectivo es una sospecha en potencia, un foco de fraude que hay que limitar a 1.000 euros y justificar hasta el último céntimo, con Hacienda a punto de recibir automáticamente cada una de tus facturas.
Es la clásica ley del embudo: lo ancho para mí, lo estrecho para ti. La legalidad, en este caso, parece ser una chaqueta que abriga o desabriga según el sol que caliente. Mientras los almerienses nos preparamos para el nuevo apretón digital y de limitación de pagos, viendo cómo se nos exige una transparencia total e instantánea, el líder del Ejecutivo se escuda en la legalidad del metálico.
Una vez más, el Estado nos recuerda que existen dos varas de medir: una, la del control exhaustivo y la desconfianza hacia la ciudadanía; otra, la de la justificación mínima para los que, precisamente, impulsan ese control. Y todo, amparado en el mantra de la legalidad, que representa que ellos son fiables y nosotros, no.
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