Disensos

Parece que la política, para algunos partidos, solo es prestidigitación, pero sin la divertida elegancia de Juan Tamariz. En ambos casos el truco consiste en un juego de manos en el que al final siempre se saca un as de la manga para cosechar aplausos. En política, tratan de convencerte de la existencia de problemas y luego de venderte la solución —que casualmente solo tienen ellos—. El último gran éxito de esta gira de ilusionismo es la famosa «prioridad nacional», una etiqueta muy sonora que en Extremadura y Aragón cobrada tintes de comedia del absurdo.

Resulta curioso que el acuerdo entre el Partido Popular de María Guardiola y Vox se haya centrado en blindar a los extremeños de una «invasión» que, atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, es más bien un espejismo. Con una población extranjera que apenas roza el 4%, Extremadura tiene más probabilidades de sufrir una plaga de langostas bíblicas que un problema de integración masiva. Sin embargo, Ángel Pelayo Gordillo y los suyos han logrado que el debate gire en torno a la prohibición del burka y el niqab. Si aplicamos la estadística con el rigor que merece el ciudadano, y filtramos por origen, religión y género, nos encontramos con que la probabilidad de cruzarse con un burka en una dehesa de Cáceres es del 0,1%. Es decir, se legisla para un problema que afecta a menos personas de las que caben en un ascensor del Hospital Universitario de Badajoz, y no se pactan políticas contra la despoblación, que sí es importante en esa comunidad.

Pero en esa estrategida del absurdo, lo que vale en una Extremadura que casi no tiene inmigrantes, vale para otra que sí los tiene, como Andalucía. Exportar conflictos no es nuevo, aunque aquí, en la provincia de Almería, la percibamos con un prisma distinto. No es lo mismo hablar de estas cuestiones en El Ejido o Roquetas de Mar, donde la realidad demográfica y la convivencia en los invernaderos y en las calles imponen desafíos tangibles, que hacerlo en un despacho de Mérida para agitar el miedo.

Estos inventos no son nuevos. Ya lo intentaron con aquel famoso «pin parental» que Santiago Abascal convirtió en 'casus belli' para la investidura en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde sí hay muchos inmigrantes, pero en ese momento era una cuestión secundaria. Nos dijeron que nuestros hijos estaban siendo adoctrinados en la homosexualidad, una narrativa que se desinfló por su propia inconsistencia, pero que sirvió para que Fernando López Miras terminara cediendo terreno para ser presidente.

Lo mismo ocurrió con la violencia de género. En un ejercicio de contorsionismo semántico, forzaron al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a adoptar el término de «violencia intrafamiliar». Es obvio que la violencia dentro del hogar existe, pero retorcer el lenguaje para ignorar que si un hombre asesina a su exmujer —que ya no es familia— estamos ante una realidad específica, es simplemente desinformar.

Pero como todas esas banderas que han ido agitando al final no les han dado resultado, más allá de crear conflicto social donde había acuerdos y entendimiento, han dado con otro tema, y como siempre, con la manipulación como eje.

La desinformación es, precisamente, el cimiento de la «prioridad nacional». Se vende la idea de que el inmigrante irregular nos quita el médico o la ayuda, cuando la realidad jurídica del Estado es tozuda: un irregular no tiene acceso a subvenciones, solo al derecho humano básico de la atención de urgencia. Incluso desde el egoísmo más pragmático que suele gastar la formación ¿qué prefiere el ciudadano? ¿que una persona con una enfermedad infectocontagiosa se esconda por miedo a la deportación o que sea tratada para evitar un brote sanitario qeu nos afecte a todos? ¿prefieren que los menores estén escolarizados y bajo control administrativo hasta los 16 años o deambulando sin rumbo? ¿y a qué país lo devuelves si lo desconoces, o incluso diciéndolo ellos, no son aceptados en él, o no tienen familia porque provienen de zonas de conflicto como Somalia, Senegal o Níger?

Todo este jaleo, este ruido constante de españoles contra extranjeros, parece diseñado en los laboratorios de la Fundación Disenso, es decir, lo contrario al consenso. No deja de ser irónico que el «think tank» presidido por Santiago Abascal ha hecho de la división su modelo de negocio político. Acusan a otros de fragmentar el Estado mientras ellos se dedican a levantar muros invisibles entre vecinos, basándose en problemas que no existen para ofrecer soluciones que nadie ha pedido.