El debate sobre la intervención pública en el mercado de la alimentación ha llegado al Pleno de Almería, donde el equipo de gobierno ha descartado la creación de un supermercado municipal solicitado por Podemos-IU. El concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, ha sido el encargado de fundamentar la negativa municipal, argumentando que una infraestructura de este tipo choca frontalmente con las competencias locales y, sobre todo, con la supervivencia del comercio de barrio.
Desde el ejecutivo municipal se ha subrayado que el Ayuntamiento de Almería carece de herramientas legales para intervenir en la formación de precios o en la fiscalidad, como el IVA, materias que recaen exclusivamente bajo la responsabilidad del Gobierno central. Bleda ha cuestionado la falta de medidas estatales en este sentido, señalando que la administración local no puede asumir funciones que no le corresponden mientras se ignora la inacción de las instituciones competentes.
Un sector de 5.000 autónomos en riesgo
Uno de los puntos clave en la argumentación del PP ha sido la defensa del tejido empresarial de proximidad. Según los datos aportados por el edil, el autoempleo es una de las columnas vertebrales de la economía en Almería, donde casi el 20 % de los afiliados a la Seguridad Social son autónomos. En concreto, el comercio local emplea a unas 5.000 personas en la ciudad, muchas de las cuales operan en pequeñas tiendas de alimentación que verían comprometida su viabilidad con una superficie de venta pública.
Bleda ha advertido que la implantación de este supermercado "podría generar una competencia directa con estos comercios", incidiendo en que esta amenaza es especialmente delicada en los barrios vulnerables, donde precisamente el pequeño comercio no solo cumple una función económica, sino también social.
Autonomía personal frente a subsidios
En lugar de modelos de intervención directa, el Ayuntamiento ha reafirmado su apuesta por las políticas de inserción y fomento del empleo. Como ejemplo de esta estrategia, se ha puesto en valor el programa ‘Eracis’, una iniciativa impulsada en colaboración con la Junta de Andalucía que ya ha facilitado alrededor de 450 inserciones laborales en las zonas con mayores necesidades de la capital.
La visión del gobierno municipal es clara: las políticas sociales deben servir para que el ciudadano logre su propia independencia. "Deben orientarse a favorecer la autonomía de las personas y su acceso al empleo", ha concluido Óscar Bleda, rechazando fórmulas que, a su juicio, fomentan la dependencia permanente de la administración en lugar de ofrecer soluciones estructurales a la exclusión.
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