El Ayuntamiento del municipio de Garrucha, encabezado por el alcalde Álvaro Ramos Cáceres, ha dado un paso decisivo en la fiscalización de la gestión municipal al remitir formalmente a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción el informe definitivo elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, aprobado el pasado 24 de septiembre de 2026. Con la entrega de este expediente de control externo, el actual gobierno local ha solicitado al organismo autonómico la aceleración inmediata del cierre del expediente 1369/2024 y la remisión directa de las actuaciones a la Fiscalía. La corporación considera que las conclusiones documentadas desbordan la infracción administrativa y dibujan un patrón continuado de conductas con encaje en el Código Penal durante las etapas de la exalcaldesa socialista María López Cervantes.
Entre los quebrantos contables certificados por la auditoría destaca la existencia de 4.976.207,51 euros en gastos comprometidos carentes de consignación presupuestaria. Dentro de ese volumen económico, se ha acreditado la acumulación irregular en cuentas extrapresupuestarias de más de 1,6 millones de euros correspondientes a facturas y nóminas de personal arrastradas de ejercicios anteriores. A este descontrol en las arcas del municipio situado en la provincia de
Almería se añade el abono de más de 155.000 euros en gratificaciones y horas extraordinarias sin justificación, controles horarios ni encaje normativo, rebasando los topes legales en miles de horas, circunstancias que fundamentan indicios delictivos de malversación de caudales públicos al disponer de recursos al margen de la legislación presupuestaria.
El dictamen del órgano de fiscalización expone de igual modo anomalías en la política de personal, sustentando presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada por la adopción de resoluciones y prórrogas arbitrarias. En concreto, se ha verificado que 44 trabajadores accedieron al consistorio garruchero sin un procedimiento de selección público previo regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad, desconociéndose los criterios aplicados para su incorporación. Esta falta de acreditación afectó a la totalidad de los 147 empleados laborales temporales registrados en el ejercicio 2022. Asimismo, la auditoría advierte de que el proceso de estabilización diseñado incurre en un posible fraude de ley y nulidad de pleno derecho, al detectarse 20 plazas que no cumplían la antigüedad legal y 24 puestos cuyos subgrupos y niveles sufrieron alteraciones artificiales.
Las actuaciones enviadas a la Oficina Antifraude señalan también la concurrencia de un presunto delito de fraude en la contratación y en el acceso a la función pública, al evidenciarse el uso de la administración local para favorecer a perfiles afines o del entorno del
PSOE local mediante la prórroga de contratos de guías turísticos, monitores deportivos o comunicadores hasta buscar su blindaje como personal fijo o funcionario. Junto a ello, el informe relata hechos encuadrables en los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y vulneración de derechos cívicos, toda vez que los auditores sufrieron la ocultación de documentación durante los trabajos de campo, detectando relaciones de personal con falta de integridad y la no aportación de los expedientes correspondientes a 74 de los 147 trabajadores temporales.
Ante la gravedad de los hechos acreditados en el documento oficial, el alcalde de
Garrucha, Álvaro Ramos, ha denunciado que durante años la anterior regidora socialista gestionó el Ayuntamiento al margen de la legislación sobre función pública y estabilidad presupuestaria. Ramos ha enfatizado que las conclusiones de la Cámara de Cuentas no dejan margen a la duda sobre el alcance de las irregularidades, ratificando el compromiso del actual equipo de gobierno para llegar hasta el final en la exigencia de responsabilidades penales, contables y civiles ante los tribunales de justicia.
Si (
No(
