El consistorio de Carboneras, en la provincia de Almería, ha dado un paso administrativo inusual al solicitar el auxilio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El objetivo de esta petición es que el alto tribunal interceda ante otras instituciones para lograr la cobertura de la plaza de secretario municipal, una figura técnica cuya ausencia mantiene en punto muerto la tramitación del expediente relativo a la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.
Esta maniobra legal surge como respuesta a las recientes críticas de colectivos ecologistas, que han vuelto a señalar a la administración local por lo que consideran tácticas de demora. En concreto, se acusa al ayuntamiento de dilatar el cumplimiento de una sentencia que ya cuenta con cuatro años de antigüedad y que obliga a la revisión de oficio de los permisos de construcción del complejo hotelero.
Desde el equipo de gobierno municipal han calificado la coyuntura actual como una situación "tremendamente anómala" que impide el funcionamiento ordinario de la entidad local. Argumentan que esta carencia de personal habilitado repercute directamente en el procedimiento de revisión solicitado, amparándose en la normativa vigente de la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar el apoyo del TSJA en la búsqueda de una solución habitacional para este puesto clave.
Bajo la gestión del alcalde Salvador Hernández, la institución también ha mantenido contactos con el Consejo Consultivo de Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento ha remitido un escrito a este órgano consultivo solicitando una prórroga para completar los trámites requeridos el pasado diciembre, cuando se entregó un expediente que fue considerado incompleto.
El calendario apremia a la administración de Carboneras, ya que el organismo autonómico fijó el 23 de marzo como fecha límite para recibir la propuesta definitiva sobre la anulación o vigencia de la licencia. Sin este documento, el Consejo no puede emitir el dictamen preceptivo. Ante la imposibilidad de avanzar sin la firma de un secretario —actualmente de baja médica—, el municipio ha pedido más tiempo, aunque no ha especificado el plazo concreto que necesitaría para normalizar la situación administrativa.
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