El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha manifestado su firme oposición a cualquier proceso de regularización de inmigrantes que se realice de forma masiva o automática. En una postura que busca redefinir la política de extranjería en el municipio de Almería, la formación defiende que la obtención de papeles no puede ser un derecho que se adquiera simplemente por el paso de los años en el país.
José Juan Rodríguez, portavoz de los populares roqueteros, ha insistido en que la legalización de la residencia debe ser un trámite estrictamente individualizado y excepcional. Según el edil, este proceso tiene que estar condicionado de manera verificable a una integración real y, sobre todo, a la existencia de un puesto de trabajo. Para el equipo de gobierno local, es fundamental recuperar el espíritu del arraigo como algo extraordinario, vinculándolo directamente a contratos laborales, proyectos empresariales que sean viables o el alta en la Seguridad Social.
En este sentido, el posicionamiento del PP de Roquetas de Mar es tajante respecto a la seguridad jurídica: proponen excluir de cualquier posibilidad de regularización a quienes tengan antecedentes penales, órdenes de expulsión vigentes o muestren una reincidencia en el delito. Asimismo, solicitan al Gobierno central que acelere los trámites para devolver a sus países de origen a aquellas personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada.
Respecto a la situación de los menores extranjeros no acompañados, Rodríguez ha apelado al principio de reagrupación familiar para que estos puedan regresar con sus parientes en sus lugares de procedencia, siempre que se garantice su bienestar superior. Paralelamente, el ejecutivo municipal aboga por una mayor contundencia contra la criminalidad, solicitando la expulsión inmediata de quienes cometan delitos graves o persistan en hurtos y faltas leves de forma dolosa.
La propuesta popular también incluye la revocación de permisos de residencia para aquellos extranjeros con vínculos probados con redes criminales o procesos de radicalización violenta, siempre bajo supervisión judicial o administrativa. Finalmente, el equipo de gobierno considera crucial endurecer el castigo penal contra las mafias de la inmigración irregular, extendiendo la responsabilidad a todos aquellos colaboradores, proveedores o intermediarios que faciliten materiales como motores, combustible o embarcaciones para estas actividades ilícitas.
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