Las diputadas nacionales del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa y Ana Martínez Labella, y el senador, Jesús Caicedo, han mantenido una reunión con el Sindicato de Prisiones “Tu abandono me puede matar” (TAMPM), a petición de los funcionarios, ante la grave situación que están viviendo en el centro penitenciario de El Acebuche a día de hoy y tras las declaraciones del ministro Fernando Grande Marlaska en el Senado que indignaron a todos los trabajadores de la prisión provincial de Almería al asegurar, entre otras mentiras, que no se habían producido agresiones graves en los últimos 15 años.
Los tres representantes de TAMPM han trasladado al PP, visiblemente preocupados, su sorpresa tras las declaraciones del ministro y se han preguntado “¿qué tiene que pasar para que estas agresiones a nuestros compañeros se consideren graves? ¿tiene que morir algún trabajador de la prisión para que nos tomen en serio?. Estamos dolidos por las declaraciones de Marlaska en las que además no dice ni una verdad ante la dura realidad que vivimos en la prisión ya que lejos de 2,6 internos por funcionario la media real es de aproximadamente 2 funcionarios para entre 80 y 90 presos, muy lejos de la ratio trasladada por el ministro”.
Según les ha trasladado, en el año 2024 se produjeron 7 agresiones en El Acebuche y en 2025 se han incrementado hasta llegar a 11, de las que 5 fueron elevadas a la Inspección Penitenciaria por su gravedad.
La diputada del PP, Maribel S. Torregrosa, ha denunciado que hace año y medio se aprobó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados una iniciativa en la que el Grupo Popular solicitaba la mejora de las condiciones de la prisión provincial de El Acebuche, aprobada con el voto en contra del Partido Socialista y que, tras el mandato del Congreso, a día de hoy el Gobierno no ha movido un solo dedo para cumplir alguna de las siete propuestas de mejora recogidas en la Proposición No de Ley.
Entre los puntos aprobados en la iniciativa del PP se pedía al Gobierno que esta prisión no exceda los 800 internos totales teniendo en cuenta los módulos reales con los que cuenta y la plantilla real de trabajadores. Además, se solicitaba, entre otras, actualizar la RPT a la realidad, incrementar los recursos médicos, modernizar los módulos más antiguos e implantar una unidad canina en la prisión, ya que siendo el centro penitenciario que ostenta el segundo mayor número de incautaciones de droga a nivel nacional sorprendentemente aún no cuenta con esta unidad.
“En estos dos años hemos empeorado en todos los aspectos”, han trasladado los funcionarios a los diputados del PP, una situación que se refleja en la cifra del número de internos que se ha incrementado en solo un año en 100 presos más.
Según datos aportados por el sindicato la capacidad operativa real del centro, descontando módulos como CIS, Mujeres, Ingresos, Enfermería y Polivalente, es de 723 plazas, sin embargo, la ocupación media se sitúa en 710-715 internos, situándose por tanto la capacidad operativa a día de hoy casi al 100%.
“El centro de inserción social (CIS) del Acebuche es el único en España que no cuenta con una RPT propia, tiene que ser atendido con los trabajadores de la prisión. El CIS necesitaría 25 trabajadores que no están. Y si a eso sumamos los 21 funcionarios para el área de vigilancia interior de la prisión necesitaríamos solo para estas dos áreas 46 funcionarios más”, han trasladado desde TAMPM.
Por otra parte, Maribel S. Torregrosa insiste en la prioridad de que la presidenta del Congreso Francina Armengol “saque del congelador” la iniciativa legislativa para que los empleados públicos penitenciarios sean reconocidos como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
“Ya es hora que la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso le de la cara a todos estos trabajadores públicos después de dos años de bloqueo por parte de estos grupos parlamentarios y que de una vez pueda continuar el trámite de esta ley que los trabajadores de la prisión llevan años demandando”, ha explicado.
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