El Congreso dará luz verde a una reclamación histórica de las prisiones con el foco puesto en El Acebuche de Almería

El pleno de la Cámara Baja ratificará de forma inminente la consideración de agentes de la autoridad para el personal penitenciario y de prisiones, un blindaje jurídico largamente demandado por el colectivo. El anuncio ha sido realizado en Almería por los parlamentarios nacionales del PP, Maribel S. Torregrosa, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, junto al representante en el Senado Jesús Caicedo, tras un encuentro de trabajo mantenido con la plataforma sindical Tu Abandono Me Puede Matar (TAPM).

Esta reforma legislativa aportará a los trabajadores de los centros penitenciarios una mayor cobertura penal y el principio de presunción de veracidad en el desarrollo de sus tareas ordinarias, equiparando su situación a la de otros cuerpos públicos. Desde las filas populares han reivindicado el impulso de esta medida que, según critican, ha permanecido paralizada en los órganos rectores de las Cortes durante más de un año por la gestión del signo político del Ejecutivo central.

Sin embargo, los representantes políticos advierten de que este avance normativo no soluciona las carencias específicas que arrastra el centro penitenciario de El Acebuche, en Almería. A pesar de haberse aprobado hace casi dos años una propuesta no de ley orientada a paliar el déficit de sus instalaciones, la situación real de la infraestructura penitenciaria almeriense sigue despertando preocupación por la sobreocupación de internos, que ha rozado el millar de personas en periodos recientes frente a un diseño óptimo para ochocientos reclusos.

A la saturación de espacio se suma una notable escasez de efectivos humanos. De acuerdo con los datos facilitados por la organización sindical, El Acebuche requiere la incorporación urgente de medio centenar de profesionales para dotar adecuadamente tanto el recinto principal como el Centro de Inserción Social anexo, que actualmente debe ser cubierto por la misma plantilla ante la falta de personal propio. Asimismo, se critica la negativa gubernamental a implantar un equipo de guías caninos en una de las cárceles con mayor volumen de intervenciones de aparatos de telefonía móvil y sustancias estupefacientes.

Por otro lado, la delegación almeriense del PP ha aprovechado la ocasión para analizar el panorama político estatal, calificando la actual coyuntura de excepcional debido a las diferentes causas judiciales abiertas que salpican la gestión del Ejecutivo central. Los portavoces parlamentarios han censurado las maniobras dirigidas a cuestionar la labor de los estamentos judiciales, de la fiscalía y de las unidades de investigación penal de la guardia civil. Ante este escenario de debilidad institucional y controversia por supuestas prácticas irregulares, se ha reclamado la convocatoria anticipada de comicios generales para dar la palabra a la ciudadanía.