El PP exige que la Guardia Civil se quede en Roquetas de Mar

La polémica en torno al modelo de seguridad ciudadana en la provincia de Almería suma un nuevo capítulo. El PP ha anunciado que reclamará formalmente al Ejecutivo central la permanencia de la Guardia Civil en Roquetas de Mar, rechazando la sustitución del cuerpo por una comisaría de la Policía Nacional en esta localidad costera, que ya cuenta con una población superior a los 110.000 residentes.

La diputada nacional y vocal en la Comisión de Interior del Congreso, Maribel Sánchez Torregrosa, ha defendido la viabilidad de un sistema de seguridad compartido tras mantener un encuentro de trabajo con portavoces de la Asociación Española de la Guardia Civil. La parlamentaria ha subrayado el deseo de que ambas fuerzas de seguridad coexistan de forma conjunta en el término municipal roquetero, señalando que existen precedentes exitosos de este formato en otras zonas del país, como ocurre en la vecina localidad de El Ejido.

Sánchez Torregrosa ha advertido sobre el impacto familiar que arrastra esta medida adoptada por la Administración central, incidiendo en que cerca de 180 familias de agentes sufren la incertidumbre sobre su destino laboral y personal tras haber arraigado sus vidas en este entorno. Desde las filas populares argumentan además que prescindir de este despliegue mermará la protección pública de un municipio con un gran dinamismo turístico que llega a duplicar el número de habitantes durante los meses de verano.

La propuesta del partido pasa por sumar los efectivos existentes a la dotación de la futura comisaría para blindar las necesidades reales de la población. Asimismo, la diputada ha criticado la falta de inversión estatal en las instalaciones actuales del cuartel y ha recordado los intentos institucionales previos para reactivar los acuerdos alcanzados antes del cambio de gobierno estatal, responsabilizando directamente la parálisis de los últimos años a la gestión del PSOE.

Por su parte, desde la delegación almeriense de la Asociación Española de la Guardia Civil han mostrado su inquietud por el desmantelamiento de un esquema de vigilancia consolidado para dar paso a un modelo exclusivo. Los representantes del colectivo insisten en que una demarcación territorial compartida por ambas instituciones representa la opción más beneficiosa tanto para los niveles de protección del municipio como para la estabilidad del propio personal del cuerpo de la Benemérita.