Fue Pedro Solbes, allá por los años de las vacas menos flacas, quien se atrevió a comparar el sistema de financiación autonómica con un sudoku. No era una ocurrencia gratuita. Solbes, que algo sabía de números y de política, entendía perfectamente el laberinto de parámetros, excepciones, particularidades y agravios comparativos que componían ese puzle endiablado que debía encajar en una sola hoja de cálculo con vocación igualitaria. Cada comunidad autónoma tenía su casilla, su condición, su historia, sus cifras. El sudoku era infernal. Y lo sigue siendo.
Solo que ahora el tablero ya no lo sostiene un tecnócrata con calculadora científica, sino una ministra que también es candidata, una política que hace equilibrios sobre el alambre del PSOE andaluz mientras se le escapa el electorado por la izquierda, por la derecha y por el centro. María Jesús Montero, la misma que hace no tanto decía con cara seria que de financiación singular para Cataluña “nada de nada”, es ahora la primera en aplaudir con las orejas la ocurrencia. Y no es que la haya aceptado a regañadientes. No. Ahora resulta que el nuevo modelo fiscal a la carta que exigen Junts y Esquerra, y que serviría para mantener viva la legislatura en Madrid (y a Illa en Barcelona), también “puede ser bueno para todas las comunidades”. Tócate el sudoku.
La financiación singular de la que se habla, aunque no haya aún borrador ni texto oficial, apunta a lo que todos sospechamos: que Cataluña pueda recaudar el 100% de sus impuestos y luego compense al Estado con una especie de cuota, un "cupo catalán". El modelo, ya lo conocemos, tiene nombre y apellidos: se llama País Vasco y Navarra. Se basa en que las comunidades forales recaudan todo, gestionan todo, y luego negocian una cantidad —a la baja, siempre a la baja— que pagan al Estado en concepto de competencias no transferidas (como Defensa, Justicia, Exteriores...). Y claro, ¿quién fiscaliza eso? Pues nadie, o casi nadie. Porque el famoso cupo vasco es tan opaco como sacrosanto, y se revisa en una mesa de negociaciones donde todos parecen salir contentos menos el resto del país.
¿Resultado? Que el País Vasco tiene más margen presupuestario, mejores servicios públicos, y un sistema de financiación que no se parece al de nadie más. Lo mismo Navarra. Y ahora Cataluña quiere subirse a ese tren. Y oye, que lo pidan los independentistas tiene un pase: están ahí para eso, para lograr el máximo beneficio para su comunidad, y lo hacen sin complejos. Pero que desde el Gobierno del Estado, y especialmente desde el PSOE andaluz, se quiera vender que esto "también interesa a Andalucía", es directamente tomar al personal por idiota.
¿Cómo va a interesar a Andalucía que otra comunidad tenga un trato fiscal diferenciado, asimétrico y más beneficioso? ¿Cómo se explica que comunidades que ya han sido históricamente privilegiadas —durante el franquismo y durante la democracia— puedan seguir ganando ventajas mientras el resto sigue peleando con presupuestos raquíticos? ¿Cómo se le dice a una comunidad como la nuestra, con más población, con más territorio, con más paro, con menos recursos y más necesidades, que esto "también es bueno para ti"?
Andalucía no tiene los factores de centralidad de Madrid, ni la industria de Cataluña, ni el autogobierno fiscal del País Vasco. Tenemos otra cosa: una realidad demográfica, social y económica compleja, desigual, con zonas rurales muy extensas, una alta tasa de envejecimiento en algunas provincias, una altísima densidad de población en otras, y una larga historia de promesas incumplidas y agravios arrastrados. Somos singulares, por supuesto. Como lo es Castilla-La Mancha. Como lo es Aragón. Como lo es Galicia. Todas lo son. Pero no por eso ninguna pretende ahora quedarse con el 100% de la recaudación y soltarle al Estado un cheque simbólico a final de año.
Esto no va de odio entre territorios, ni de insolidaridad. Va de equidad. Va de cohesión territorial. Va de justicia fiscal. Y va de que el sudoku no lo puede resolver solo quien más grita o más votos aporta en una investidura. Si el sudoku autonómico se transforma en un rompecabezas donde tres o cuatro comunidades tienen fichas doradas y el resto juega con plastilina, el resultado es un Estado deshilachado, donde el principio de solidaridad se convierte en un brindis al sol.
A Cataluña le puede interesar ese modelo, y que lo defiendan sus partidos es lógico. Pero que el Gobierno del Estado —y más aún una ministra andaluza— pretenda que eso también conviene a todos es una tomadura de pelo. Lo que conviene a todos es un modelo justo, claro, revisable, y realmente igualitario. Lo demás es politiquería. O peor aún: es resignarse a hacer trampas con el sudoku.
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