El manejo de las estadísticas de seguridad se ha convertido en una disciplina donde las palabras maquillan lo que la calculadora desmiente sin contemplaciones, y da igual quien gobierne cuenta leas ésto. Desde que en 2018 el Partido Socialista encabezado por Pedro Sánchez asumió la responsabilidad del Gobierno central tras el mandato del Partido Popular, la delincuencia en el territorio almeriense ha experimentado un incremento del 27,5 %. Un salto cuantitativo que resulta difícil de enmascarar tras el habitual celofán institucional.
Los números fríos dibujan un panorama incontestable. En el primer semestre de 2018 se contabilizaron 13.893 infracciones penales en la provincia; ocho años después, el recuento roza ya las 17.700. Son casi 3.800 delitos más en un único semestre. Hay quien apresuradamente intenta justificar este incremento señalando el dinamismo demográfico de una provincia que, efectivamente, ha visto crecer su población un 11 % en este mismo periodo. Pero las cuentas no salen: un aumento poblacional del 11 % no explica por sí solo un brinco delictivo que casi lo triplica en proporción. Y mucho menos sostiene la falacia de atribuir esta deriva a la inmigración; el crecimiento de la población extranjera no se acerca de ningún modo a esa cifra del 27,5 %, lo que deja la teoría del chivo expiatorio migrante a la altura del absurdo matemático.
Al analizar la naturaleza de los delitos, la estadística abandona el terreno de lo abstracto para golpear la realidad cotidiana. Los robos con violencia en la provincia de Almería se han disparado un 34 %, el tráfico de drogas sube un 13,2 % y las agresiones sexuales con penetración prosiguen una inquietante tendencia al alza. Todo esto sazonado con episodios desgarradores en el litoral, donde las narcolanchas llegan a embestir sin rebozo a las embarcaciones de la Guardia Civil, demostrando una impunidad náutica que deja en evidencia la suficiencia del despliegue actual.
Frente a este escenario, la réplica habitual del Gobierno y del Partido Socialista consiste en sacar pecho alegando que hoy operan en la provincia más efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que en la etapa del Partido Popular. La afirmación, rigurosamente cierta en el cómputo absoluto de plazas, esconde sin embargo una trampa de bulto. Si la población ha crecido un 11 %, diluir ese modesto incremento de agentes entre miles de nuevos residentes deja la ratio por habitante exactamente en el mismo punto de partida. En el mejor de los escenarios, la provincia cuenta hoy con la misma cobertura policial per cápita que hace ocho años, pero enfrentándose a un volumen de infracciones notablemente mayor y a redes criminales mejor pertrechadas.
La Subdelegación del Gobierno, capitaneada por José María Martín Fernández, y el propio Ministerio del Interior harían bien en revisar la pauta antes de dar por buena la hoja de ruta. La provincia de Almería no puede conformarse con parches estadísticos ni con consuelos per cápita. Ajustar la seguridad a la realidad demográfica y delictiva no es un lujo partidista, sino una obligación básica con una ciudadanía que paga sus impuestos al día pero recibe a cambio una tranquilidad bajo mínimos.
