Existe una afición muy extendida en ciertas barras de bar y foros de internet, una suerte de "cuñadismo ilustrado", que consiste en resolver complejos problemas sociológicos con una simple ecuación de tres al cuarto: a más inmigración, más delincuencia. Es una fórmula que reconforta a quien no quiere pensar demasiado, porque ofrece un culpable rápido y exime de responsabilidad al sistema. Sin embargo, la realidad, esa aguafiestas que suele venir cargada de números oficiales del Ministerio del Interior, se empeña una y otra vez en desmontar el mito. Y al examinar el Balance de Criminalidad del tercer trimestre de 2025 en la provincia de Almería, la teoría del vínculo entre origen y delito se rompe.
Para empezar, hablemos del elefante en la habitación. Sí, la criminalidad en la provincia ha subido un 5,6% en los primeros nueve meses de este año respecto al mismo periodo de 2024. "¿Lo veis?", gritarán los profetas del apocalipsis identitario. Pero un momento, guarden las antorchas. Si rascamos esa superficie, encontramos que la cibercriminalidad ha crecido a un ritmo similar. A menos que creamos que las bandas de phishing operan desde los asentamientos o que el ransomware es una importación directa de la última patera, tendremos que admitir que este aumento tiene poco que ver con la presión migratoria y mucho con la digitalización del crimen, que afecta por igual a todo el Estado y que, en la inmensa mayoría de los casos, involucra a ciudadanos españoles. La red no entiende de fronteras, ni de argumentos simplistas.
Donde el argumento de la inmigración como causa directa de la delincuencia se desmorona estrepitosamente es al comparar las realidades municipales. Si la premisa racista fuera cierta, la tasa de criminalidad debería ser directamente proporcional a la tasa de población extranjera. Y no lo es.
El mejor ejemplo de esta incoherencia estadística lo encontramos al comparar dos localidades con realidades migratorias diametralmente opuestas: Vícar y Huércal-Overa. Ambas han experimentado un crecimiento en las infracciones penales del 15,3%. Vícar, en el Poniente, es un municipio con una densidad de población inmigrante muy elevada. Huércal-Overa, por su parte, tiene una presión migratoria inferior.
Es decir, la delincuencia ha crecido exactamente lo mismo en un municipio de alta inmigración que en otro con menor presencia extranjera. Además, el aumento de Huércal-Overa se ve impulsado por delitos curiosos, como la sustracción de vehículos, que se ha disparado un 150% (de dos a cinco coches robados). Si el problema es el origen, ¿a quién señalamos ahora?
El Poniente almeriense, donde la presencia de población extranjera es la norma, presenta un panorama de subidas contenidas. El Ejido ha visto crecer su cifra global de delitos un 4%, y Roquetas de Mar un 3,8%, unos incrementos inferiores a la media general y muy por debajo de esa subida del 15,3% que comparte Vícar (con alta inmigración) y Huércal-Overa (con menor inmigración).
Esta disparidad entre municipios de alta inmigración es la guinda del absurdo. ¿Por qué Vícar experimenta una subida tan alta, mientras que El Ejido y Roquetas, con una realidad socioeconómica similar, mantienen un crecimiento más modesto? La respuesta no puede estar en el origen, sino en la eficacia de las políticas de integración o la distribución de recursos policiales.
Mención aparte merece el oasis estadístico de Adra, el único municipio de más de 20.000 habitantes que ha logrado reducir su criminalidad, pasando de 770 a 674 delitos. Y esto ocurre precisamente después de la crisis de las narcolanchas del verano, demostrando que la acción focalizada y los factores locales tienen más peso que el factor demográfico.
Finalmente, si observamos el caso de Níjar, donde la delincuencia sube ligeramente un 1,6% en total, el foco se pone en un único pico: los delitos contra la libertad sexual, que se han disparado un 76,9%. Este dato, por dramático que sea, nos indica un problema cultural y social profundo que atraviesa todas las capas de la sociedad, y que es ridículo atribuir de forma simplista a la composición étnica del municipio.
El delito no es una cuestión de raza, etnia o creencia religiosa; es el resultado de la marginalidad, la exclusión social y la falta de integración.
Si una parte de la población —sea inmigrante o no— está condenada a la precariedad, sin trabajo estable, sin entorno familiar de apoyo, viviendo en condiciones de aislamiento (como las lamentables chabolas) o sin acceso a la cultura, se está creando el caldo de cultivo ideal para la delincuencia. Si la población inmigrante comete más delitos en ciertas áreas, es porque son los que, mayoritariamente, sufren esas condiciones de miseria, no porque sean extranjeros.
Los números de este tercer trimestre de 2025 son la enésima lección de humildad para los que creen que el mundo se explica en 140 caracteres. Demuestran que la vinculación entre inmigración y delincuencia es una fantasía simplona y que, si queremos reducir la criminalidad en Almería, debemos empezar a mirar hacia la pobreza y la falta de integración, no hacia el pasaporte de nuestros vecinos.
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