La falta de transparencia y una política de emigración incoherente alimenta el malestar ciudadano
El marino, apenas sentado, suelta:
—Marlaska, desde su ministerio, trimestralmente publica su Balance de Criminalidad. En el más reciente, afirmó que la delincuencia «baja un 2,9 %» respecto al año anterior.
Esto sería una buena noticia, pero un somero análisis nos da otra lectura. Bajan los hurtos y daños —los delitos de baja intensidad y los más numerosos—, pero los robos con violencia, las agresiones sexuales y los delitos graves aumentan y se mantienen altos.
Aunque Marlaska insista en el «cohete» y diga que estamos en «los mejores niveles de seguridad en años», el INE señala que, en 2024, los adultos condenados por delitos contra la libertad sexual incrementaron un 37,3 % y los menores condenados por esos delitos un 29,7 %, respecto al año anterior. Todo un éxito de las leyes de Irene Montero y sus ninfas.
En este relato de «luz y color» cuando se piden los desgloses por nacionalidades, la respuesta gubernamental es que «no es relevante para la política pública». Evidentemente la etnia, la raza o la nacionalidad no implica culpabilidad alguna, pero esos datos son interesantes para el análisis criminológico, porque ayuda a identificar patrones de reincidencia, modos de organización delictiva, perfeccionar los protocolos de intervención, elementos necesarios para su contención y erradicación.
Marlaska lo oculta, pero el último informe de la Ertzaintza señala que, entre el 50-67 % de los detenidos, según los tipos de delito, en el P. Vasco son extranjeros. En Cataluña en un informe filtrado de 2024 contabilizaron 46.996 detenciones, de ellas el 65,5 % eran extranjeros, con una población del 18 %. La Deleg. del Gobierno de Madrid habla del 35-40 % de robos violentos, hurtos del 55-60 %, sin omitir que la propia Fiscalía ha advertido del incremento sostenido de delitos cometidos por MENA. También el INE señala que la tasa de condenados/1.000 habitantes es el doble de extranjeros vs españoles. En concreto, en 2024, fue 14,7/6,5.
La profesora agrega:
—Claro que la mayoría de los extranjeros no delinquen, pero esa diferencia estadística exige análisis, porque cuando Marlaska renuncia a proporcionar datos desagregados, impide identificar dónde fallan los programas de integración, qué colectivos requieren mayor atención y qué políticas son ineficaces.
Además, no permite que las CCAA con mayor impacto por la presión de la inmigración ilegal puedan recibir los apoyos que necesitan, lo que se sustituye con informes autonómicos y comparecencias, pero como esto complica el mensaje se convierte en papel mojado.
En este «ecosistema» el gobierno y Marlaska —aquel que era juez—, cuando los ciudadanos de zonas saturadas —vecinos, trabajadores, familias o comerciantes— protestan por el deterioro de la convivencia en sus barrios, el apelativo más cariñoso que reciben es el de «ultras» y «fascistas».
Esa insensibilidad destruye cualquier debate honesto. No se puede tratar como extremistas a personas normales y sencillas que sólo piden recuperar la convivencia y la forma de vida de antaño. Claro que para Marlaska es «estigmatizar», ocultando información básica para poder tomar decisiones públicas para su solución.
El marino cambia de tercio:
—Otro extremo controvertido y tabú, es el papel de las ONG. Se dice que: «no hay negocio», sólo bulos que exageran cifras; pero la realidad es que la mayoría viven casi por completo de fondos estatales y europeos, por lo que esa declaración de NO gubernamentales, en la práctica es dudosa y falsa porque dependen del erario, por tanto se les debería denominar OSG, Organizaciones SI gubernamentales.
Como ejemplo, Cruz Roja recibe subvenciones nominativas del ministerio de Inclusión —el de la desconocida Elma Saiz— para gestionar programas de inmigración. En 2023, según el BOE, 1.125.000 €, para los CIE; 29.900.384 € para Acogida e Integración; 9.986.400 € para Atención Humanitaria. Más de 41 millones de euros, pero no tenemos un dato importante: coste/usuario. Eso no se publica.
Mientras la percepción social es que se malgasta dinero, en una época de inflación en los artículos y necesidades básicas, un empleo de peor calidad y una presión fiscal histórica que asfixia a las familias.
Estamos abonando el terreno para el descontento y el malestar social.
La profesora añade:
—El problema está en que, no se aplica, sin subterfugios, ni excusas, las leyes sobre emigración; por no cambiar en la ley lo que está obsoleto. Entendiendo que esto es complejo, con temas disonantes y las dificultades para armonizar la acogida, la integración y el control fronterizo férreo. Lo contrario es propaganda y manipulación política.
Mientras tenemos servicios sociales tensionados —con costes desorbitados—, cuerpos policiales saturados —deficitarios en las zonas conflictivas— y ayuntamientos denunciando el incremento y la reincidencia en la delincuencia.
No es una cuestión étnica, ni de xenofobia o racismo, sino de gestión pública y de defensa de nuestro país, nuestras costumbres y nuestra seguridad; porque ocultar y no abordar los problemas reales sólo conduce al descontento y a alimentar los problemas de futuro.
El marino concluye:
—Marlaska puede exhibir un descenso global de la delincuencia y presumir del «cohete», pero necesita otra varita mágica para ser un prestidigitador creíble. Mientras a frivolizar datos y fingir para soslayar los problemas de fondo.
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