La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha fijado para el próximo 15 de abril de 2026 el inicio de la vista oral contra un varón acusado de la publicación reiterada de contenido audiovisual en la red social TikTok con mensajes que contenían presuntas amenazas, injurias y calumnias. El proceso judicial se dirige contra este individuo por dirigir tales expresiones de forma sistemática hacia magistrados, representantes del Ministerio Fiscal, agentes de la Guardia Civil y una mujer que consta como víctima en un procedimiento previo de violencia de género. Este señalamiento es el resultado de un procedimiento abreviado derivado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera, órgano que decidió transformar las diligencias tras hallar indicios suficientes de criminalidad en la conducta del investigado.
Según consta en la documentación judicial del caso, el procesado habría elaborado y publicado un total de 142 vídeos entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de marzo de 2025. Los informes detallan que al menos 50 de estas piezas audiovisuales contenían expresiones de especial gravedad, incluyendo insultos y calumnias directas contra autoridades judiciales y contra efectivos de la Guardia Civil destinados en el acuartelamiento de Garrucha, además de hostigamientos a la denunciante de la causa de violencia de género. La instrucción se ha servido de un exhaustivo atestado elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, que realizó el visionado y la transcripción íntegra de todos los archivos compartidos a través del perfil personal del acusado en la mencionada red social.
En los informes policiales que sustentan la acusación se describen mensajes en los que el encausado utilizaba calificativos como corruptos o podridos para referirse a jueces, fiscales y agentes del orden. A estas descalificaciones se sumaban amenazas explícitas y un comportamiento de acoso constante que se hacía público ante cualquier usuario de la plataforma. El juzgado instructor ha hecho especial hincapié en que estas acciones se produjeron de manera continuada y con una alta frecuencia de publicación, manteniendo una referencia constante al proceso judicial de violencia de género en el que el hombre estaba implicado. Asimismo, en los vídeos se vertían alusiones críticas sobre el funcionamiento de la administración de justicia y sobre el dispositivo telemático de control que el sujeto tenía la obligación de portar por orden judicial.
La representación legal de la mujer afectada, ejercida por el letrado Miguel Martínez, ha formalizado una petición de penas que suma un total de trece años de prisión por diversos tipos delictivos. En concreto, solicita un año por un delito continuado de amenazas, dos años por calumnias e injurias continuadas, cuatro años por atentado contra la autoridad y otros cuatro por obstrucción a la justicia. A estas peticiones se añaden un año por quebrantamiento de condena y dos años adicionales por un delito contra la integridad moral. En el ámbito de la responsabilidad civil, la acusación particular reclama el pago de una indemnización de 70.000 euros para resarcir los daños morales y las secuelas que estas acciones habrían provocado en la víctima.
Por el contrario, la defensa del procesado ha solicitado la libre absolución de su representado en su escrito de conclusiones provisionales. El argumento de la defensa sostiene que los hechos relatados no son constitutivos de infracción penal alguna. Además, el equipo jurídico del acusado ha impugnado la validez y autenticidad de aproximadamente una treintena de los vídeos aportados a la causa, alegando que existe una discrepancia entre el autor real de las imágenes y el autor aparente que se muestra en la red social. De cara al juicio que se celebrará en la capital almeriense en abril, también se ha incorporado un informe médico forense realizado durante la fase de instrucción, el cual evalúa la imputabilidad del hombre tras un análisis clínico y de sus antecedentes, formando parte fundamental de la prueba que se examinará durante el plenario.