El Ministerio Público ha dado carpetazo definitivo a la totalidad de las diligencias de investigación que permanecían abiertas a raíz de las denuncias presentadas por los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama.
Esta resolución judicial afecta de manera directa a la provincia de Almería, donde la Fiscalía Provincial ya había acordado el archivo de las dos causas incoadas en este territorio para determinar si existían responsabilidades penales relacionadas con la demora en diagnósticos mamográficos en los centros sanitarios almerienses. Con el cierre de las dos últimas investigaciones que continuaban tramitándose en la comunidad autonómica, las autoridades judiciales dan por concluidas las quince actuaciones iniciadas tras las quejas de colectivos de pacientes y organizaciones políticas.
El origen de este procedimiento judicial se remonta a las reclamaciones formales presentadas por la asociación El Defensor del Paciente, un conjunto de dieciséis mujeres afectadas a título individual y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía. En dichos escritos se ponían de manifiesto presuntas deficiencias en el funcionamiento del sistema público de salud coordinado por la Junta de Andalucía, alertando sobre el posible impacto negativo de los retrasos en las notificaciones y seguimiento de pruebas diagnósticas que afectaron a más de dos mil usuarias en la comunidad.
El proceso legal atravesó diversas etapas desde que la Fiscalía Superior autonómica descartó inicialmente la existencia de indicios delictivos en la actuación de los cargos públicos aforados. Al no apreciar un patrón unificado ni una conducta penal generalizada que justificase una causa centralizada, el órgano fiscal remitió las actuaciones a las distintas fiscalías provinciales para que investigasen los hechos de forma individual y desglosada. De este modo, las pesquisas se centraron en analizar minuciosamente la atención prestada en la provincia de Almería, así como en las dependencias judiciales de Granada, Jaén, Sevilla y Málaga.
En el contexto de este examen específico, la Fiscalía Provincial de Almería resolvió el archivo de las dos denuncias interpuestas en su jurisdicción a finales del pasado mes de marzo, tras constatar que los hechos no constituían infracción penal. Una resolución idéntica fue adoptada de forma paulatina en las restantes provincias, al considerarse que las incidencias en la gestión de citas o entrega de resultados carecían de entidad delictiva. Paralelamente, las comprobaciones desarrolladas confirmaron la integridad de los datos clínicos y registros almacenados en el servicio público de salud, descartando cualquier supuesto de ocultación o borrado de expedientes médicos.
El carpetazo definitivo en la vía penal concluye el recorrido judicial de un asunto que generó un intenso debate en torno a la gestión sanitaria del Gobierno apoyado por el PP, ante las peticiones de responsabilidad formuladas por formaciones como el PSOE. A pesar del cierre de las causas en los tribunales del Estado español, los colectivos promoventes reiteran su intención de mantener la exigencia de explicaciones en el ámbito administrativo para garantizar un servicio preventivo ágil, transparente y eficaz para todas las mujeres de la provincia de Almería y del resto del territorio andaluz.
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