La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en
Almería de la
Junta de Andalucía ha resuelto de forma parcial el procedimiento de licitación tramitado por la vía de urgencia para contratar el concierto social de 34 plazas de acogimiento residencial destinadas a menores bajo la protección de la administración autonómica en la provincia. De los tres lotes independientes en los que se estructuró este expediente público, diseñado con un presupuesto base de licitación que roza los cuatro millones de euros con impuestos y un valor estimado global de 7.152.813,50 euros, el gobierno autonómico únicamente ha conseguido adjudicar un lote hasta el momento, dejando provisionalmente sin resolver dos de los tres bloques territoriales previstos para la provincia almeriense.
El expediente administrativo, catalogado dentro de la prestación de servicios de bienestar social para la infancia y la juventud, salió a contratación pública mediante procedimiento abierto y con un plazo de ejecución del contrato fijado en 24 meses. La cuantía máxima licitada para la totalidad del servicio ascendió a 3.934.047,42 euros con IVA, lo que supone un importe neto de 3.576.406,75 euros sin impuestos. La finalidad esencial de este despliegue de recursos económicos es sostener la atención integral y el alojamiento residencial de los menores que se encuentran bajo medidas legales de protección pública en distintos puntos geográficos del territorio almeriense.
En el marco de esta tramitación, la resolución dictada el 14 de octubre de 2026 oficializó la adjudicación del Lote 2, cuyo ámbito de cobertura corresponde al municipio de
Albox. Esta demarcación comarcal contaba con una asignación presupuestaria licitada de 1.256.049,95 euros con IVA. Tras la oportuna fiscalización de la propuesta electrónica presentada, la adjudicación fue formalizada a favor de la Asociación Personas con Discapacidad El Saliente, en condición de pequeña y mediana empresa, por un importe de adjudicación de 1.141.644,29 euros para los dos años de vigencia del contrato.
Por el contrario, la
Junta de Andalucía declaró desierto el Lote 1 el pasado 6 de agosto de 2026 debido a la inexistencia de proposiciones admisibles entre las ofertas examinadas. Este bloque territorial, el de mayor envergadura económica del expediente con un presupuesto base de 1.766.736,32 euros con IVA y un valor estimado de 3.212.247,86 euros, estaba destinado a prestar cobertura asistencial en los municipios de
Instinción,
Rágol,
Íllar,
Bentarique,
Terque y
Huécija. A esta falta de contratación en el Valle del Andarax se une la situación del Lote 3, centrado en el municipio de
Vera y presupuestado en 911.261,15 euros con IVA, el cual tampoco ha culminado su adjudicación en las resoluciones administrativas publicadas hasta la fecha.
Es necesario puntualizar que este concierto social no guarda relación alguna con la atención a menores extranjeros no acompañados ni con programas de acogida vinculados a flujos migratorios. Las 34 plazas objeto de esta licitación pública pertenecen al sistema ordinario de protección a la infancia de la administración autonómica. Los destinatarios son niños y adolescentes, predominantemente de nacionalidad española, que han tenido que ser apartados del núcleo familiar biológico por decisión de los órganos judiciales o mediante resoluciones administrativas de desamparo dictadas en el Estado español.
La asunción de la tutela o guarda de un menor por parte de los servicios sociales autonómicos se produce de forma motivada ante situaciones graves de negligencia, maltrato, abandono, adicciones o imposibilidad severa de los padres para ejercer las obligaciones inherentes a la patria potestad. En estos escenarios de vulnerabilidad, la ley exige a las instituciones públicas asumir temporal o permanentemente la protección del menor para garantizarle una vivienda, manutención, formación académica, atención psicológica e integración social en un entorno seguro mientras se soluciona la situación de su núcleo originario. La falta de resolución de dos de los lotes obliga a la administración autonómica a reorganizar la contratación para asegurar la completa atención de las plazas previstas en la provincia de
Almería.
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