La actividad contractual del grupo Hispano en la provincia de Almería queda libre de sospecha judicial. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital ha decidido mantener el archivo de la causa que investigaba las relaciones comerciales de esta mercantil con el consistorio de Roquetas de Mar, desestimando así el recurso interpuesto por el PSOE contra la decisión tomada el pasado mes de enero. La magistrada ha sido contundente al considerar que las nuevas diligencias solicitadas por la acusación popular no aportan fundamentos suficientes para reabrir un proceso que ya se daba por cerrado de forma provisional.
La investigación se centraba principalmente en las adjudicaciones públicas otorgadas por el ayuntamiento roquetero durante la primera década de los años 2000, aunque las pesquisas se extendieron también a periodos posteriores. El objetivo era determinar si tras estas operaciones existían delitos contra la Hacienda Pública o maniobras para ocultar beneficios derivados de dicha actividad. Sin embargo, tras analizar minuciosamente la documentación y tomar declaración a numerosos técnicos, funcionarios e investigados, el juzgado ha concluido que no existen indicios que sostengan la comisión de prevaricación ni de cualquier otra infracción penal.
El PSOE basaba su intento de reactivar el caso en una serie de conversaciones de WhatsApp vinculadas a otro procedimiento judicial. Según los socialistas, estos mensajes, intercambiados en 2019 entre el actual presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente Óscar Liria, mencionaban explícitamente a la empresa investigada. La acusación pretendía que estos elementos sirvieran para demostrar un supuesto patrón de adjudicaciones irregulares bajo órdenes de mandos superiores, solicitando por ello la declaración de los implicados y el acceso a los organigramas de decisión.
No obstante, la instructora ha rechazado de plano esta petición al coincidir con la Fiscalía en que tales referencias son absolutamente genéricas e imprecisas. En el auto judicial se argumenta que la brevedad y ambigüedad de esos mensajes, sumado al desconocimiento del contexto en el que se produjeron, impiden que sean considerados como una prueba mínima para revertir el sobreseimiento. Para la magistrada, no se ha aportado una corroboración suficiente que justifique retomar una instrucción que ya ha sido calificada como compleja y exhaustiva.
El fallo judicial se apoya también en los resultados de la labor realizada por la UDEF, cuyo informe de febrero de 2022 ya adelantaba que no se detectaron irregularidades de gravedad en los procesos de contratación administrativa analizados. Con esta resolución, la justicia reafirma la ausencia de pruebas sobre la existencia de una red ilícita en torno al grupo Hispano, cerrando de nuevo la puerta a una causa que el PSOE ha intentado mantener viva sin éxito en los tribunales.
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