90.000 millones

Noventa mil millones de euros es el monto de fraude fiscal anual en España. Más de lo que se ha recortado y de lo que se ha querido recortar; el 72% evadido por grandes empresas y corporaciones empresariales. Y eso es ahora, en que el impuesto por beneficio está en el 30% (del beneficio, quede claro) y el de grandes fortunas no llega al 50%, con todos los descuentos legales. Una cifra brutal, que habría hechos innecesarios todos los recortes y subidas aplicados, por muy precisos que hayan podido ser. En el motivo de fraude tan bestial está el que, de treinta y cinco empresas del “IBEX”, treinta y cuatro operan en paraísos fiscales; y la economía sumergida, por su parte, supone el 24% del PIB. Técnicos de Hacienda reconocen imposible eliminar por completo el fraude, pero rebajarlo a niveles europeos, supondría recuperar más de la mitad de esa cifra: casi cincuenta mil millones de euros. Una cantidad que vendría muy bien a la economía patria, esa “patria” que parece no ser la de los multimillonarios defraudadores ni la de los políticos que los apoyan y que también defraudan en muchas ocasiones, como se ha podido ver, aunque a unos y a otros se les llene la boca casi tanto como la cartera.
Consecuencia: el españolito ve partido su corazón por una sola “España”, la de los “vivillos”. Por su culpa, cada uno paga de 800 a 1000 euros más de lo que debería, pero ni eso consigue suplir íntegramente la minoración de ingreso. Según el artículo 31 de la Constitución “todos tienen el deber de contribuir según su capacidad económica” lógico principio que trae al pairo a “patriotas” de tres al cuarto, sólo listos para frasear y clamar por una unidad pseudo-patriótica que no cumplen en lo económico. Si a eso se suman los puestos de trabajo perdidos por la cantidad de productos fabricados en terceros países, podrá explicarse por qué la situación económica y el nivel de paro existente. Y por qué ese paro le importa mucho menos que sus beneficios a empresarios y políticos.
Denuncian los técnicos de Hacienda que, quienes se acogieron a la última amnistía fiscal, sólo pagaron el 10% y en algunos casos el 3%, vergonzoso “premio” obtenido por los años sin declarar -mucho menos de lo que hubieran pagado de haber declarado, lo que es una clara invitación a no declarar-. Entre tanto, las pymes están pagando de promedio un 14%, mientras las grandes empresas y grupos corporativos no llegan al 6%. Escandalosa diferencia ¿para que las empresas continúen aquí y no se larguen a países con sueldos más bajos? ¿Se irían las grandes empresas si se les obligara a pagar? Eléctricas, bancos, telefónicas, aseguradoras… no pueden y los fabricantes se fueron hace tiempo: la producción a China y la sede a Bahamas, Gibraltar, Liechtenstein, Luxemburgo, Man ó Panamá ¿qué más da? Si no dan trabajo, pues ya fabrican fuera y regatean de esta forma y a este nivel su aportación por el beneficio obtenido en el interior ¿para qué las queremos?
¿Para ofrecer puestos en los Consejos de Administración a ex-gobernantes? “Buena” solución para los ex-gobernantes. Mejor, buena muestra de la avaricia depredadora de unos y del (nulo) interés de otros por el Estado del que se vienen aprovechando hace años.