Nuevo castigo al campo

Los almerienses estamos sufriendo un nuevo castigo impuesto por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a la provincia. En su momento, descubrimos cómo el agua desalada que riega los campos es mucho más barata, por ejemplo en Murcia, porque está subvencionada por el Gobierno. Luego, observamos con gran malestar cómo actuaciones que en otras ciudades se realizan íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aquí debemos pagarlas vía impuestos municipales, como la eliminación del paso a nivel de El Puche, a cuya ejecución contribuiremos a través del Ayuntamiento, con la ayuda imprescindible de la Junta de Andalucía.

Para colmo, si pensamos en el AVE, comprobamos que la doble vía dibujada en el mapa de la península ibérica, se detiene justo en el límite de nuestra provincia, lo que nos deja en situación de inferioridad con el resto de ciudades del Corredor Mediterráneo. Hace apenas un par de semanas miramos el balance total de inversiones del Gobierno de la nación para la provincia y, al comparar los 80€ por habitante que destina a Almería con los 217€ de media en España, nos percatamos de que somos la última en inversiones por habitantes de todo el país.

El nuevo castigo de Rajoy acaba de suceder y afecta de forma directa al bolsillo de miles de familias de la provincia que viven de su trabajo en el campo, un campo altamente tecnificado y competitivo, que reclama constantemente inversiones y mejoras, algo que, sin embargo, este presidente del Partido Popular no logra comprender. Asistimos a un último agravio comparativo cometido por el Gobierno central a la hora de decidir qué cultivos y qué provincias podrán beneficiarse este año de una rebaja fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por circunstancias adversas, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de abril.

Desde el PSOE, a través del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a promover distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que el Gobierno intente explicar por qué ha dejado fuera de la rebaja fiscal a los productores de pimiento y pepino de la provincia de Almería, mientras que, en el caso del pimiento, los productores de la vecina Granada sí podrán acogerse al decreto.

Una vez más, los almerienses somos los últimos en inversión por habitante, pero los primeros a la hora de pagar impuestos. Se trata de una rebaja fiscal completamente injusta porque no se aplica por igual a todos los agricultores que se han visto afectados en la pasada campaña por circunstancias adversas, sino solo a unos pocos. Rajoy, de manera arbitraria, ha dejado fuera sobre todo, a los productores de pimiento y de pepino, unos cultivos que son fundamentales en el caso del Poniente almeriense, donde el 85% de los agricultores planta uno de estos productos.

Pero, además, observamos con indignación que a quienes sí se les aplica la rebaja, ésta se ciñe a un periodo de tiempo pequeño y la cuantía apenas alcanza para cubrir las pérdidas. Por eso, los socialistas queremos que se incluyan estas producciones en el decreto de rebaja y que se aumente el porcentaje de rebaja para los agricultores que sí han sido incluidos.

Es evidente que el Gobierno del PP ha decidido hacer caja con los agricultores almerienses, dando la espalda a sus problemas y a sus reivindicaciones, y olvidando que en nuestra provincia hay municipios como El Ejido que se ha convertido, por mérito propio y gracias al esfuerzo de sus agricultores, en el mayor productor de pimiento de Andalucía. Los socialistas no podemos entender que el Poniente esté sin inversiones en los Presupuestos Generales del Estado cuando se trata de la comarca que más impuestos paga en concepto agrario de toda España.

Existe una Mesa de Fiscalidad, que el PP tiene arrumbada, que tendría que ser de gran utilidad para establecer una línea de interlocución entre los agricultores y el Gobierno, pero Rajoy sigue con su atribulada e injusta política del “tú sí y tú no”, generando, una vez más, innecesarios agravios entre los agricultores de distintos territorios y desoyendo las peticiones que se hacen desde la Consejería de Agricultura, administración que ostenta las competencias para evaluar los daños y que dispone de los técnicos sobre el terreno para hacerlo.

No podemos permitir que un mandatario público se deje llevar por la arbitrariedad y en nuestra provincia cada vez tenemos más razones para afirmar que el Gobierno de Rajoy funciona a golpe de capricho, pues sigue dejando a nuestra provincia aislada de las inversiones estatales y de los beneficios que graciosamente el PP brinda a otros territorios. Y si indignante es reconocerlo, más aún lo es comprobar cómo los representantes de su partido en la provincia, en lugar de exigir, reclamar o demandar a sus compañeros en el Gobierno, se afanan por ocultar una realidad que clama a gritos en las cuentas del Estado.